Jesús Saavedra
De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022 que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el sistema penitenciario en Guerrero está reprobado junto con otras 11 entidades del país, por ello ese organismo civil hizo un llamado a las autoridades a corregir las graves fallas que han detectado.
La CNDH presentó ese diagnóstico donde se analizó las condiciones de reclusión de 299 centros penitenciarios federales, estatales y lugares de internamiento de adolescentes y jóvenes, que han cometido algún ilícito y están privados de su libertad.
La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra explicó que para ese diagnóstico se visitaron 14 centros penitenciarios federales, 237 estatales, tres prisiones militares y 45 centros de internamiento para adolescentes y jóvenes.
Piedra Ibarra lamentó que pese a los resultados de los anteriores diagnósticos emitidos por la CNDH, “no se hayan tomado las medidas para generar condiciones dignas y realizar acciones que permitan revertir las grandes problemáticas que se detectan e impactan en la situación de los penales”.
En ese sentido hizo un llamado a las autoridades responsables “a efectuar un análisis crítico y detectar los obstáculos y limitaciones que impactan en las condiciones de gobernabilidad y seguridad, que además impiden lograr el objetivo primario que es la reinserción social de las personas privadas de la libertad”.
Informaron que al momento de la supervisión, la muestra nacional contaba con 199 mil 544 personas privadas de la libertad, de la cuales, 186 mil 822 eran hombres, 93.6 por ciento y 12 mil 722 mujeres, el 6.4 por ciento “y de éstas 69 mil 204 personas pertenecían a algún grupo de atención prioritaria”.
Que los Centros Federales de Readaptación Social obtuvieron un promedio global de calificación de 7.47, mismo que se sostiene respecto al año anterior.
En el caso de los sistemas penitenciarios estatales se identificó que 12 obtuvieron calificaciones reprobatorias entre el 4.26 al 5.94, siendo estos correspondientes a los estados de Sonora, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes y Colima.
Otros 13 sistemas penitenciarios obtuvieron calificaciones entre el 6.05 al 6.98, correspondientes a los estados de: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Nuevo León, Veracruz, Guanajuato, Michoacán de Ocampo, Coahuila, Sinaloa, San Luis Potosí, Baja California Sur y Campeche. En tanto que, seis sistemas penitenciarios de las entidades de Durango, Morelos, Quintana Roo, Yucatán, Tlaxcala y Chihuahua, obtuvieron calificaciones promedio entre el 7.06 al 7.62; por lo que únicamente el sistema penitenciario del estado de Querétaro obtuvo una calificación de 8.22.
Se identificó, también, que 14 sistemas penitenciarios estatales tuvieron una tendencia a la baja con respecto a las calificaciones obtenidas en el año 2021, siendo estos Ciudad de México, Jalisco, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima y Tlaxcala.
Al respecto, añadió que “se observó la reiteración de áreas de oportunidad que han sido reflejadas en Diagnósticos anteriores como temas de mayor incidencia que impactan directamente en las condiciones de habitabilidad y estancia digna, en el acceso a servicios y actividades para una debida reinserción social, en la debida gobernabilidad y seguridad de los centros y en la observancia a sus derechos de defensa, petición y pronta respuesta”.
Advirtieron que en caso de continuar presentándose estas anomalías, “además de ser notablemente inconstitucionales, trascienden derechos tales como a la salud, a la integridad personal, a la vida, al debido proceso y a la seguridad jurídica, como son debida y adecuada atención médica, debida clasificación de personas, separación entre personas procesadas y sentenciadas, prevención de incidentes violentos, debida imposición de sanciones disciplinarias y al acceso de mecanismos para la interposición de quejas o peticiones, entre otras”.
Añadieron que se hace un llamado a los demás sistemas penitenciarios del país “para que de manera progresiva realicen las acciones necesarias, a fin de que se cuenten con centros exclusivamente para mujeres y para hombres, y con ello erradicar la operatividad de los llamados centros mixtos”.