Jesús Saavedra

La Red Solidaria Década Contra la Impunidad pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que atraiga el caso de los asesinatos de Arturo Hernández Cardona y de dos activistas más de la Unidad Popular de Iguala (UPI), y que el gobierno federal otorgue las medidas cautelares correspondientes a los familiares de estas personas.

Al cumplirse 10 años de los asesinatos de Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, la Red Solidaria emitió un pronunciamiento por ese caso, que cuenta con el respaldo de alrededor de 50 organizaciones sociales del país.

En el documento recuerdan que Arturo Hernández Cardona “se caracterizó por luchar por los derechos humanos de los indígenas del Estado de Guerrero y durante 15 años manifestó su exigencia de que se conociera la verdad histórica en el caso de la masacre de El Charco”.

Afirman que la familia de Arturo Hernández Cardona “se encuentra totalmente devastada” y recuerdan que “el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales en Matamoros, Tamaulipas, no tomó en cuenta la denuncia de hechos ingresada el 29 de mayo del 2013 ante el Ministerio Público de Distrito Judicial de Hidalgo con sede en Iguala, Guerrero, en contra de José Luis Abarca Velázquez, entonces presidente municipal de Iguala”.

Denuncian que lo mismo sucedió “con la denuncia presentada en contra de María de los Ángeles Pineda”, esposa del expresidente municipal de Iguala, “así como de Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad Pública municipal, y de quienes pudiesen estar implicados en el permanente hostigamiento que sufrían los denunciantes, entre quienes se encontraba el líder campesino Arturo Hernández Cardona, mismos que no pudieron ratificar, ya que fueron desaparecidos el 30 de mayo de 2013”.

Envían un “abrazo solidario a la familia de Arturo Hernández Cardona, esposa e hijas, quienes llevan diez años caminando por una justicia que pronto será alcanzada”.

Por ello, piden a la CIDH “que dé trámite a este caso” y que “las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, sigan atentas a este caso”.

Solicitan finalmente al gobierno federal que “haga válidas las medidas de seguridad a la familia del compañero, le exigimos la justicia que se merece y lo responsabilizamos de la integridad física y psicológica tanto de la familia de Arturo Hernández Cardona como la de su representación jurídica”.