Jesús Saavedra
Familiares del normalista, Julio César Mondragón Fontes aseveró que hay una campaña para revictimizarlo y acusarlo de ser agente de Seguridad Nacional, lo cual descartaron y recordaron que su “artero” asesinato sigue impune y sin atención de las autoridades encargadas de esclarecer el caso Ayotzinapa.
Este martes los familiares de Mondragón Fontes enviaron una carta pública en donde recriminan al periódico Eje Central por el reportaje titulado “Ayotzinapa, la historia oculta” donde el reportero, firmado por el reportero José A. Rivera que de acuerdo a “especialistas” el normalista fue asesinado con tanta saña “porque sus captores se enteraron de que ese joven era agente del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) asignado a Ayotzinapa”.
Recordaron que Julio Cesar, “fue desollado en vida y su cuerpo arrojado a 400 metros del C4 de Iguala, en el Camino del Andariego, en la zona industrial de esa ciudad. En ese momento el C4 era controlado por el ejército mexicano y misteriosamente” as cámaras
fueron volteadas hacia el cielo. Hasta ahora, la familia Mondragón sabe muy poco o nada acerca de los responsables de la tortura de Julio César”.
Lamentaron que “una vez más Julio y la familia ha sido criminalizada, lo cual ocurre en México porque en muchos casos se trata de instalar la idea de que a alguien que ande en malos pasos le ocurre algo malo y con ello la sociedad justifique las injusticias y crímenes de toda índole, asegurando la impunidad”.
Recordaron que también, Jorge Fernández Menéndez publicó un documental “en el que se afirma que Julio César era el líder del cártel de los Rojos”.
Se quejaron que la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa “nos ha negado cualquier tipo de información acerca del caso de nuestro familiar aduciendo que podríamos entregarla a periodistas. Lo mismo pasa con la Fiscalía Especial, que dice que no tenemos abogado”.
Indicaron que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, “ha dicho que el gobierno ya sabe lo que ocurrió en Iguala. No lo dudamos. Lo que nosotros exigimos, junto con las familias afectadas, es el acceso a esa información”.
Puntualizaron que en el gobierno de López Obrador, “omiten o soslayan la participación de las fuerzas castrenses. Nadie puede pasar por alto la descomposición de una parte del aparato del Estado involucrado en este tema. Ahora vemos con preocupación creciente que se ha ido culpando a un grupo delictivo local, cuando
sabemos que contactos del celular de Julio César Mondragón Fontes realizados por quienes robaron el aparato, tienen conexión con el CISEN y del Campo Militar número 1”.
, en esa lógica toma sentido las intenciones de criminalizar el caso, en lugar de acláralo como debe ser en un Estado de Derecho y una transformación social de sexenio a sexenio, tan mencionada, pero debe haber en la realidad congruencia.
La familia de Mondragón Fontes, sostiene que saben “que son cuatro los militares metidos en Ayotzinapa y que hubo una colusión de alumnos muy identificados que participaron como parte de esa trama en Iguala”.
Exigieron “el esclarecimiento de este horrendo crimen de lesa humanidad en contra de Julio César. Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los primeros en recibir los avances de las investigaciones iban a ser los familiares y que al menos estaría presente un miembro de estas familias. A nosotros no se nos invita a ninguna reunión”.
También demandaron “que se investigue el tema de los infiltrados en Ayotzinapa desde una óptica que incluya la participación de ex alumnos, y de los cuatro militares que estaban en ese entonces en la normal. Decimos ¡basta! a la criminalización de la escuela normal y una transformación que beneficie a ese sistema educativo”.