Jesús Saavedra
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en contra de 7 elementos de la extinta Policía Federal, pero que seguirían en activo, por haber cometido actos de tortura contra una persona que detuvieron en agosto del 2015 en Acapulco.
Ese organismo emitió la recomendación 90VG/2023 que va dirigida a la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, “por violaciones graves a los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura, ejercidos en contra de una persona detenida la madrugada del 25 de agosto de 2015, por parte de siete elementos adscritos a la desaparecida Policía Federal (PF)”.
De acuerdo a la recomendación, la víctima fue detenida junto con dos personas más en Acapulco “señalados por la presunta comisión de conductas delictivas advertidas en flagrancia, mientras realizaban un patrullaje” en el marco del operativo denominado “Acapulco Seguro”.
y que por ello la víctima presentó una queja donde denunció que tras su “detención y en un dictamen de integridad física emitido por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), se advierte que la persona denunciante fue víctima de actos de tortura y presentó huellas de sangrado en la membrana timpánica izquierda, mismos que –afirmaron- fueron perpetrados por los elementos aprehensores”.
En las investigaciones que realizó la CNDH se determinó que “la detención de la víctima, se vulneraron el derecho a la integridad personal y al trato digno por actos de tortura”.
Y que se acreditó “que los responsables de los actos de tortura por acción u omisión fueron las siete personas servidoras públicas señaladas, quienes lo pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público Federal”.
La CNDH solicitó a Seguridad Pública federal, “que proceda a la inmediata reparación integral del daño y que, para ello, colabore en el trámite de inscripción de la víctima ante el Registro Nacional correspondiente, además de otorgarle la medida de compensación en los términos previstos en la Ley General de Víctimas”.
Además, obliga a la Secretaría “otorgar a la víctima la atención médica y psicológica que requiera, por parte de personal profesional especializado, ajeno a la dependencia involucrada, de forma continua y de manera gratuita, así como proporcionarle sin costo, los medicamentos que en su caso necesite”
Demandan además “la más amplia colaboración para presentar una denuncia administrativa en contra de las siete personas servidoras públicas señaladas como responsables, con el fin de que el Órgano Interno de Control de la dependencia inicie el procedimiento, investigue y en su caso sancione las responsabilidades conforme a derecho”.
Añadieron que Seguridad Pública federal, “deberá implementar en un plazo de seis meses, a partir de aceptar la recomendación, un curso en materia de derechos humanos con enfoque en la erradicación de la tortura y con énfasis en los contenidos de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a fin de sensibilizar en estos temas al personal de la actual Guardia Nacional que se encuentre ubicado en Acapulco, Guerrero, y al cual deberán asistir de forma obligada en caso de mantenerse activos, los siete elementos de la PF que fueron señalados como responsables”.
