- “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación” u “omisión de servidores públicos”, asegura Rosa Villa, presidenta de ese Comité de la ONU
Jesús Saavedra
Del 2006 al 2021 se han registrado en México el 98 por ciento de las 91 mil personas desaparecidas de las que se tiene registro y solo el 2 por ciento de los casos se ha judicializado, lo que se traduce en “impunidad” porque quienes cometen ese grave delito no son castigados, informó el Comité sobre Desapariciones Forzadas (CED por sus siglas en inglés) de la ONU.
Este martes, los miembros del CED dieron una conferencia a través de la señal de televisión de la ONU en la que informaron los resultados de la visita oficial que realizaron a México en noviembre del año pasado.
La presidenta del CED, Carmen Rosa Villa Quintana, explicó en una larga conferencia los detalles de este informe, en el que se señala que servidores públicos y el crimen organizado son los principales responsables del creciente número de desapariciones forzadas que registradas en México.
Solicitó al gobierno mexicano a que realice acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y diseñar una política nacional para prevenir esta tragedia humana.
“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, subrayó.
Rosa Villa también sostuvo que los “Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”.
Explicó que en México, de acuerdo a cifras oficiales del gobierno federal, había 95 mil 21 personas registradas como desaparecidas al 26 de noviembre del año pasado, “y se agregaron 112 desapariciones durante la visita del Comité. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo 8 mil casos nuevos cada año en los últimos cinco años”.
La presidenta del CED destacó que los datos de ese Registro Nacional dan una idea de la magnitud del problema que representan las desapariciones en México.
“Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus; víctimas y autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual”, explicó.
A nombres de los miembros del CED, expresó su preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos por su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones, y por las desapariciones de más de 30 periodistas ocurridas entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado.
Dijo que durante su visita a México, el Comité también escuchó alegaciones de desapariciones ocurridas en prisiones y centros de migración y tomó nota de los obstáculos que impiden a las personas privadas de libertad contactarse con el exterior para informar sobre su paradero.
También recibió alegaciones de que a los migrantes detenidos ilegalmente en lugares desconocidos los perpetradores les quitaron los celulares y luego les exigieron dinero a las familias, a veces con el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos.
Señalo que se encontró que la alarmante tendencia al aumento de las desapariciones forzadas fue facilitada por la impunidad casi absoluta. Explicó que hasta noviembre del año pasado, solo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición, entre el 2 y el 6 por ciento, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en casos a nivel nacional.
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, dijo.
El CED también expresó en su informe su profunda preocupación porque según datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas no identificadas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.
Además, el Comité tomó nota de que, a pesar de los avances institucionales y legales, el Plan Nacional de Búsqueda no se ha implementado para llevar a cabo búsquedas e investigaciones.
En sus recomendaciones, el Comité identificó medidas que el Estado parte debería tomar para implementar una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, y urgió a México a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.
El Comité también hizo un llamado a México para que elimine los obstáculos en la persecución penal, preste la debida atención a las desapariciones de migrantes y aborde la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.
“Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”, concluyó el Comité.
“La desaparición forzada en México es un problema de todos: de la sociedad en su conjunto y de toda la humanidad”, por lo que el CED reiteró su compromiso inquebrantable de apoyar los procesos desarrollados para prevenir y erradicar esta tragedia humana.