• El morenista convocó a la CRAC a entablar diálogo con el Congreso para que conozcan las propuestas para no opinar con desconocimiento

Gilberto Guzmán

El diputado local Antonio Helguera Jiménez convocó a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) a dialogar con el Congreso del Estado para que se aclaren sus dudas sobre las iniciativas para normar la justicia comunitaria en comunidades indígenas y afromexicanas, presentadas el pasado jueves.

En entrevista radiofónica, opinó sobre la advertencia de esta organización de que buscarán el desafuero de los diputados localesporque no están realizando la consulta ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por considerarla ilegal y porque se hace al vapor.

Helguera Jiménez mencionó que la Consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos por parte del Congreso del Estado es inédita en Guerrero y en el país, y se trata de un muy buen ejercicio parareivindicar los derechos de los pueblos originarios y trabajar en favor de la justicia. 

Recordó que la consulta es una instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en mayo del 2021 ordenó al Congreso local para que la llevara a cabo porque en la 61 Legislatura se trabajó una Ley de Seguridad que pretendía normar los usos y costumbres en materia de seguridad de los pueblos originarios, pero no se cumplió con la consulta que está contemplada en la legislación internacional, incluso para proteger los derechos de los pueblos originarios.

Se le preguntó si en las iniciativas para reformar el artículo 14 de la Constitución política local; la Ley 777 del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, presentadas en la sesión del pasado jueves, hay un reconocimiento a la CRAC-PC como representante del sistema de justicia comunitario.

Explicó que “no se habla precisamente de una organización en especial, se habla de que en esta nueva propuesta de ley los pueblos originarios se organicen de manera tal que puedan nombrar a suspolicías en asambleas, cumpliendo con algún con algunos requisitos que garanticen la buena marcha de esta actividad y una policía que realmente pueda cumplir con los requerimientos de la comunidad, no se maneja ningún nombre en especial”.

Destacó que en la Ley 777 de Seguridad Pública quedan protegidos los derechos de las comunidades para organizarse en materia de seguridad pública, con base en sus usos y costumbres.

“Todo enmarcado dentro del Estado de Derecho, se está dando la propuesta de que los pueblos originarios puedan opinar y puedan decir si esta propuesta de ley que les va a llegar en estos días es la que ellos esperan, si tiene aspectos que haya que modificar, si tiene este cosas que haya que quitar, o algunas cosas que les puedan afectar y den su opinión para corregirlas”.

Opinó que “es un buen ejercicio, que no se debería de dejar pasar esta oportunidad y hacer un llamado a todos los actores que saben del tema y se han estado involucrando, a que se actúe con ánimo propositivo, porque finalmente si se pretende con esto, a veces cobrar afrentas, cobrar diferencias, se abona en algo que no es correcto y no rinde los frutos que espera la Suprema Corte y nosotros como diputados, de que a los pueblos originarios se les puedan reivindicar sus derechos y que se pueda actuar con justicia”.

Reiteró que no se vulnera el derecho de la CRAC de seguirse organizando para brindar seguridad en sus comunidades y pueblos: “eso lo van a decidir los pueblos originarios, claro, van a tener que cubrir los requisitos que ellos mismos van a sugerir en esta nueva Ley”.

Sobre la actitud de los dirigentes de la CRAC-PC y de organizaciones como Tlachinollan, que el martes de la semana pasada amenazaron con impedir la consulta y lo ratificaron el sábado, con el fin de que sean destituidos los 46 diputados y sean llamados sus suplentes, Antonio Helguera comentó:

“A veces estas cosas se dan porque hay una falta de información, una información incorrecta, creo que los diputados tampoco estamos obligados a lo imposible, estamos haciendo todo el esfuerzo, cada uno de los diputados está en su territorio haciendo su trabajo, invitando, la primera etapa es invitación, no podemos hablar de cómo está la Ley, ya en esta siguiente etapa va a ser la etapa informativa donde ya se les va a explicar cómo está la ley y qué contiene en su articulado, y creo que las situaciones de inconformidad se deberían manejar al interior de las asambleas de los pueblos, ahí se puede manejar”.

Sobre la participación del exdiputado federal morenista Rubén Cayetano como asesor jurídico de las organizaciones que protestan contra el Congreso, dijo que es un conocedor del Derecho y sus conocimientos podrían ser útiles para ayudar a que la consulta pueda avanzar bien, además de que no es momento de confrontaciones ni de debatir en torno a una consulta generosa.

“Todos los actores que conocen del tema deberían estar cooperando para que las cosas salieran bien; no se debe buscar ni entorpecer ni la confrontación con nadie, porque eso no lleva a nada, es una gran oportunidad sacar esta consulta, vamos a aprender mucho, los pueblos también, y vamos a dar una lección a todo el país de que sí es posible hacer una consulta y de que sí es posible reivindicar derechos”, subrayó.

Respecto a la postura de la CRAC-PC de boicotear la consulta para que los diputados sean desaforados, dijo que puede ser resultado de una información incorrecta, y reiteró que es necesario dialogar para que se despejen sus dudas.

“No hay nada que no se pueda resolver con el diálogo, que quizá tenemos poco tiempo pero como digo, nadie está obligado a lo imposible, vamos a hacer todo nuestro trabajo, y si es necesario dialogar con las organizaciones lo haremos, aunque creo que se debe entender que la consulta es con los pueblos”.

Agregó que si la SCJN hubiera instruido dialogar con organizaciones como la CRAC-PC, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, para cumplir esta consulta, los diputados lo harían, “pero la indicación es que tenemos que ir directamente con las autoridades de los pueblos originarios y afromexicanos, y es lo que estamos haciendo”, concluyó.