Jesús Saavedra
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Vidulfo Rosales Sierra criticó que el gobierno del estado haya retirado su propuesta de iniciativa de ley en materia de Derechos y Cultura Indígena, donde se incluía reconocer en la Constitución de Guerrero a la Policía Comunitaria.
Este jueves se pudo conocer que la titular del Ejecutivo, Evelyn Salgado Pineda retiró su propuesta de iniciativa que presentó ante el Congreso del Estado, donde se reconocía constitucionalmente a la Policía Comunitaria, que generó gran inconformidad, entre las filas del Ejército principalmente.
Un día después que se conoció esta decisión, Rosales Sierra criticó las formas cómo lo hicieron, “el sello de un gobierno de izquierda debería ser visible desde su arribo al poder público.
Tendría que mandar un mensaje político con dos o tres temas emblemáticos que viene impulsando el movimiento social de izquierda.
En Guerrero son: justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la mal llamada guerra sucia, la reforma indígena para reconocer los derechos de los Pueblos.
En suma, el mensaje político debe ser, que el gobierno en turno será distinto a los demás”. Y cuestionó: “¿Qué diferencia esta administración de los gobiernos autoritarios del PRI? ¿Cuál es ese mensaje político que se tendría que dar? ¿Cuál es el golpe de timón que al ciudadano común lo haga decir que ahora sí hay cambios a favor de los de abajo?”.
El abogado de Tlachinollan, aseveró que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas “podría ser ese mensaje, es la oportunidad de dar respuesta a una demanda histórica de los pueblos indígenas y Afromexicano.
Reivindicación que ha sido abrazada por el movimiento social y la izquierda en México y América Latina. Sin embargo, las señales de esta administración gubernamental son contrarias”. Recordó que hace unas semanas “se reprimió a las madres y padres de los 43 y los estudiantes de Ayotzinapa.
Fuimos testigos de cómo el gobierno estatal encabezó una embestida mediática sin precedentes que contenía mensajes de odio contra la histórica Normal Rural.
Deslegitimando las justas demandas y llevando el debate a un supuesto vandalismo y violencia de los estudiantes – posición política hipócrita que calla ante la violencia sórdida y destructiva que impone la delincuencia organizada – en estos días de nueva cuenta vemos el trato que le da al magisterio de Guerrero.
Se niega a resolver sus demandas, si no ha recurrido a la represión es por el número de maestros movilizados”. Afirmó que en “la misma línea conservadora y regresiva responde a la demanda histórica de los pueblos indígenas y Afromexicano de Guerrero que reivindican su reconocimiento constitucional”. Vidulfo Rosales señaló que la semana pasada “emitió una iniciativa limitada que deja por fuera derechos como la propiedad ancestral de la tierra, territorio y bienes naturales y su autogobierno.
De igual forma apoya con recursos económicos, humanos y políticamente una consulta ilegal, inconvencional y desaseada que pretenden realizar los diputados del Congreso de Guerrero”. Insistió que esa consulta “no cumple con los requisitos de previa, libre, informada y culturalmente adecuada que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Suprema Corte de Justicia de nuestro País”.
El abogado aseveró que “lo más grave es que el secretario de Gobierno (Ludwig Marcial Reynoso) haya anunciado que la iniciativa de la Gobernadora sería acotada aún más, quitándole a los pueblos indígenas su derecho a la justicia y reeducación.
En efecto, el 24 de marzo del año en curso, diputadas y diputados de esta legislatura presentaron una iniciativa ante la mesa directiva que cercena el derecho de los pueblos a tener sus propios sistemas normativos, a la seguridad, justicia y reeducación, algo que ya reconocía la iniciativa de la gobernadora.
Al parecer este gobierno dio marcha atrás a su posición de reconocer de manera limitada los derechos de los pueblos indígenas y Afromexicano y en su lugar presentó una iniciativa sumamente regresiva que incluso es más conservadora que la reforma del gobierno priista anterior”.
“¿A qué le apuesta este gobierno con una reforma de este tipo? ¿A qué intereses conservadores está respondiendo? ¿Por qué dar la espalda a los pueblos indígenas y Afromexicano?”, agregó. Rosales Sierra añadió que la reforma indígena “representa la oportunidad de reconocer la cultura y cosmovisión de los pueblos indígenas.
Un estado pluricultural donde cohabitan pueblos indígenas con distintas visiones sobre la vida y el mundo, con formas de organización políticas y sistemas normativos propios. La oportunidad de tener en la entidad un verdadero pluralismo jurídico en el que converjan el derecho positivo occidental y anglosajón con el derecho indígena”.
Puntualizó que no se trata de debatir sobre las policías comunitarias ilegales que existen en guerrero “que el propio gobierno se niega a desmantelar, sino de hacer justicia a los pueblos indígenas y Afromexicano invisibilizados, discriminados y explotados por más de quinientos años”.
Finalizó señalando que se “trata de reconocer que son una realidad en nuestra entidad. Que son herederos de una cultura milenaria que tiene su propia visión del mundo y la naturaleza, su sistema de seguridad y justicia, sus gobiernos y formas propias de organización política y social que contribuyen al progreso de la sociedad.
Hacer lo contrario representa asimilarlos, invisibilizarlos y discriminarlos. Continuar con las políticas de los gobiernos neocoloniales”.