- Aunque no los justifican, señalan que la pobreza y la desatención institucional a los pueblos de la Montaña, ocasionan más violencia que esa práctica
Josefina Aguilar
El desconocimiento de la cosmovisión de los pueblos indígenas genera rechazo por parte de las sociedades y la misma autoridad en lo que se refiere a los llamados matrimonios forzados, a pesar de que la pobreza y la violencia estructural institucional generan más violencia en contra de las mujeres y las niñas, señalaron activistas indígenas.
En el conversatorio organizado por la organización 50+1, la representante del Capítulo Guerrero, Guadalupe Gómez Bermeo explicó que el propósito de dicho encuentro era visibilizar visible la situación de las mujeres y las niñas en la región de la Montaña por las injustas y lamentables condiciones en la que se desenvuelven.
“El contar con un marco jurídico y leyes vanguardistas, no ha sido suficiente” para prevenir, atenuar y atender la violencia de todos los tipos que viven las niñas y las mujeres en esta región, que en su contexto comunitario se entiende como un asunto privado, añadió.
A pesar de su importante aportación en el hogar con jornadas de 16 a 18 horas de actividad en el trabajo doméstico, en el cultivo de la tierra,comercialización y elaboración de artesanías, prevalecen roles de género que las ubican como cuidadoras del hogar y sus familias,controladas primero por sus padres y hermanos, y después por sus esposos y parejas, e incluso por los padres de estos.
Su acceso a la justicia y la salud, continúa siendo precario y aunque participan ya en trabajos remunerados, como jornaleras, empeladas del hogar o el comercio informal, no se valora su aporte, señaló.
Dijo que es indudable que los usos y costumbres de la zona, crueles y degradantes que las mantienen en la marginación y exclusión social, bajo roles y estereotipos, así como la desatención, falta de credibilidad y revictimización por parte de las autoridades cuando acuden a ellas en demanda de justicia, sigue siendo un obstáculo para el desarrollo personal familiar y comunitario de las mujeres de la Montaña.
Martha Ramírez Galeana, directora del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas de la Montaña, afirmó que no todo en las comunidades es malo, y señaló que acusan a los pueblos tu’un savi y me’phaa de vender a las niñas para matrimonios forzados, pero las autoridades no voltean a ver todo lo que tienen que enfrentar, “y no quiere decir que lo justifiquemos, nada es justificable cuando hay un hecho violatorio a los derechos de una mujer, pero también entender los contextos de manera integral es forma de entender la interculturalidad, su visión no es misma manera que nosotros los pueblos indígenas”.
Agregó “la interculturalidad no es así, la perspectiva de género no es así, desde nuestras comunidades, tampoco podemos caer en que todo es malo en nuestras comunidades, que los hombres son malos, que las mujeres son malas. No, porque existe una cosmovisión del equilibrio, de que tan importante somos las mujeres y los hombres en nuestro equilibrio”.
Explicó que las mujeres “podemos participar en algunas prácticas rituales y el algunas no, y no porque se nos niegue, sino porque existe toda una cosmovisión del rol tan importante que traemos las mujeres en nuestro vientre”.
Felícitas Martínez Solano, primera mujer coordinadora de la Coordinadora regional de Autoridades Comunitarias Policía – Comunitaria (CRAC-PC), y actual senadora suplente por Morena; reprochó que varias de las convocantes y participantes del conversatorio han fungido como diputadas o senadoras, y prácticamente no han hecho nada realmente por las mujeres y niñas indígenas.
Señaló el caso de Metlátonoc, que por años se ha dicho que es el más pobre de Latinoamérica, “y no pasamos de eso”.
Admitió que el tema de los matrimonios forzados es muy complejo y que le ha costado mucho aceptarlo, pero luego rechazó que se llame matrimonios forzados a los usos y costumbres de sus comunidades.
“A mí el termino no me gusta. Ha habido varios comentarios buenos y malos, como que los pueblos indígenas somos salvajes, que criminalizamos a la comunidad, pero no sabemos el contexto en que vive la comunidad”, recalcó.
Refirió que en el caso de los matrimonios, el embajador va hasta tres veces a la casa de la muchacha, y si ella acepta, se casan; si no acepta, no. “Su decisión es respetada. Esos son los procesos en los pueblos, de respeto”, afirmó.
Sin embargo, reconoció que en caso de que la niña rechace casarse, la familia de quien sería el esposo si pide que le paguen lo que gastaron en el proceso de pedimento.