• La SCT informa que a partir de hoy entra el vigor el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que establece esa sanción a quienes obtengan un lucro con esa acción

Redacción

Este miércoles entra en vigor la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación (LVGC) que castiga hasta con siete años de prisión a quienes dañen, perjudiquen o destruyan vías o los medios de transporte, o que tomen casetas para obtener un lucro interrumpiendo el tránsito.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que el decreto fue firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y modifica el primer párrafo del artículo 533 de la LVGC, que establece:

“A quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte, se impondrá sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

La reforma aprobada en diciembre pasado por el Senado de la República, donde Morena tiene mayoría, fue publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor a partir del hoymiércoles. Aclara que quedan derogadas todas aquellas disposiciones que se opongan al decreto.

Apenas el 4 de febrero pasado, normalistas de Ayotzinapa se enfrentaron contra elementos de la Guardia Nacional que les impidieron tomar la caseta de Palo Blanco, en la Autopista del Sol.

En esa ocasión, decenas de uniformados resultaron heridos e incluso estuvo a punto de ocurrir una tragedia cuando los estudiantes dirigieron un tráiler sin conductor en contra de los antimotines que resguardaban las instalaciones de Capufe.

Varios jóvenes fueron detenidos, pero luego los dejaron en libertad debido a la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.