•  El activista Isaías Rosales dijo que debido a la crisis económica y falta de empleo en Guerrero, indígenas de la Montaña se ven obligados a dejar sus hogares, pero lo hacen sin acompañamiento de las autoridades

Jesús Saavedra

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’ hizo un llamado al gobierno federal, al estatal y a los de 11 municipios de esa región, para que atiendan a 23 mil personas que se espera abandonen sus comunidades a fin de buscar trabajo en campos agrícolas de estados del norte del país.

Dicha organización informó que desde septiembre pasado inició el éxodo de miles de familias de comunidades indígenas de 17 municipios de la Montaña, que representan hasta 23 mil personas, entre adultos y niños, que dejan sus hogares en la Montaña para buscar trabajo en campos agrícolas.

Isaías Rosales Sierra, activista de ‘Tlachinollan’, informó que de acuerdo a un recuento que hicieron el año pasado en plena pandemia, más de 23 mil personas ya abandonaron sus comunidades, pero que ese número aumentó en un año, debido a la crisis económica y falta de empleo que generó el Covid-19 en Guerrero, lo que se acentuó en esa región, considerada una de las más pobres del país.

Explicó que a partir de septiembre inició la temporada alta de la población jornalera que emigra de 17 estados de la República, entre ellos Guerrero, que es uno de los que más expulsa mano de obra a los campos agrícolas del norte del país.

Indicó que en noviembre, después de la festividad del Día de Muertos, inicia la temporada de migración más alta en la Montaña y concluye en enero. “Son familias que migran a campos agrícolas en busca de mejores condiciones de vida y de trabajo, ante la falta de oportunidades en sus comunidades de esta región marginada”, dijo Rosales Sierra.

Añadió que “el año pasado se hizo un conteo de 23 mil personas de 11 municipios, entre ellos Cochoapa, Metlatónoc, Tlapa, Copanatoyac entre otros”, que dejan sus hogares para buscar trabajo en otras entidades del norte del país.

Puso como ejemplo que a la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa, arribaron 20 autobuses que trasladarán a más del 90 por ciento de la población de esa localidad indígena a entidades del norte, donde buscan trabajo y dinero para sostener a sus familias.

Denunció que a pesar de esa situación, la Casa del Jornalero “ha sido desmantelada, se llevaron los colchones, se llevaron los baños, los lavaderos y no hay asistencia a las familias que viajan en condiciones terribles en la búsqueda de trabajo y no hay acompañamiento de las autoridades”.

Por ello hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda y a los alcaldes de municipios de la Montaña, para que den acompañamiento y asistencia a esas familias indígenas, y vigilen que no se cometan abusos en su contra, tanto en el traslado como en su trabajo en campos agrícolas.