- La “evidencia reunida hasta ahora confirma” que, además de “la red criminal involucrada”, en la desaparición de los normalistas participaron “policías federales y militares”
Jesús Saavedra
Los abogados que acompañan a las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala hace más seis años, lamentaron la filtración de las declaraciones que un testigo protegido realizó sobre el caso a la Fiscalía General de la República (FGR), en las que confirmaría la participación del Ejército en esos hechos.
Este miércoles, en su edición impresa Reforma publica como nota principal la declaración de un testigo protegido de la FGR que señala que los 43 normalistas fueron desaparecidos, junto con otras 30 personas, durante un operativo conjunto en el que participaron militares, policías y sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos (GU).
De acuerdo con el testimonio al que accedió Reforma, la noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes fue llevado a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, y otro grupo fue trasladado a una casa de seguridad de GU donde fueron torturados y desmembrados.
De este último grupo, los restos de los jóvenes habrían sido llevados a un crematorio de Iguala, donde fueron incinerados y sus restos fueron esparcidos en la zona suburbana de Iguala, y otros restos más fueron llevados al basurero de Cocula, donde también habrían sido vertidos.
Ante la filtración de esa información, los abogados del Centro de Derechos Humanos ‘Tlachinollan’, del Centro de Derechos Humanos ‘Miguel Agustín Pro Juárez’, Fundar y Serapaz, quienes han acompañado a las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, fijaron una postura a través de un comunicado.
Lamentaron “las filtraciones de una investigación en curso, como en el pasado lamentamos publicaciones que retomaron esa misma información. Preocupa el daño que esto pueda hacer a la investigación. Nuestra solidaridad con las familias por el dolor que estas filtraciones genera”.
También sostienen que la “evidencia reunida hasta ahora confirma que en la red criminal involucrada participaron no sólo policías municipales, sino también funcionarios estatales y federales, incluyendo entre éstos últimos a policías federales y militares”.
Recordaron que entre las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al gobierno de México, “destaca el no basar las conclusiones de las investigaciones sólo en testimonios, sino en pruebas científicas. Ante nuevas declaraciones de informantes, hemos exigido como coadyuvantes que se agoten todas las líneas de investigación, con prueba fiable”
Finalmente señalan que “en tanto no sea esclarecido el paradero de todas las víctimas y sancionados todos los responsables, el caso no puede darse por cerrado”.