- El diario Reforma publicó ayer el testimonio de ‘Juan’, presentado el 10 de febrero del año pasado, quien declaró que el 26 de septiembre los estudiantes y otro grupo de personas fueron detenidos, y al menos un parte fueron interrogados en las instalaciones del 27 Batallón en Iguala
Redacción
Durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, los 43 normalistas de Ayotzinapa y otras 30 personas habrían sido detenidos durante un operativo en el que participaron sicarios de Guerreros Unidos, policías municipales y elementos del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, e incluso habrían sido interrogados en las instalaciones militares en esa ciudad, para luego ser entregados a el grupo delictivo conocido como Los Tilos para que los desaparecieran.
Esta sería la versión que dio a la Fiscalía General de la República un testigo protegido identificado como ‘Juan’, presunto líder de Guerreros Unidos, grupo delictivo responsable de la desaparición de los muchachos, a la que tuvo acceso el diario Reforma y que publicó como nota principal este miércoles.
Estas declaraciones de ‘Juan’ son las que llevaron a la FGR a la detención del capitán José Martínez Crespo y a la liberación de 17 órdenes de aprehensión más contra militares presuntamente relacionados con los hechos.
Según ‘Juan’, Martínez Crespo, quien sigue su proceso en la cárcel del Campo Militar Número 1, fue el operador de la detención de los normalistas e incluso quiso apresar a otros heridos que estaban en un hospital.
“Deseo señalar que no solamente se ejecutó a 43 estudiantes y las personas que murieron en Santa Teresa, sino que hubo más personas muertas en el evento del 26 y 27 de septiembre de 2014, las cuales pertenecían al grupo de Onésimo Marquina Chapa y de Isaac Navarrete Celis, y que se metieron a Iguala, siendo un total como de 70 u 80 personas el total de muertos de esos hechos”, declaró ‘Juan’ el 10 de febrero de 2020.
El testigo protegido explicó que el día de los ataques contra los normalistas, sicarios de Guerreros Unidos, auxiliados por militares y policías, buscaban a los integrantes del cártel rival que les adeudaba dinero que se mezclaron entre los estudiantes que la noche del viernes 26 de septiembre fueron a Iguala a tomar autobuses que necesitaban para acudir a las manifestaciones por el 2 de octubre en la Ciudad de México.
Según ‘Juan’, habrían sido tres grupos de personas detenidas: uno fue tomado directamente por miembros de Guerreros Unidos, otro se lo llevó la policía municipal, y a otro el Ejército, a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. El propósito era interrogarlos para saber quiénes eran parte del grupo contrario.
Los detenidos en el cuartel militar habrían sido entregados a una célula de Guerreros Unidos conocida como ‘Los Tilos’, quienes los desaparecieron diluyendo algunos cuerpos en ácido y sosa cáustica para verter restos líquidos por coladeras y el drenaje.
A otros jóvenes los habrían descuartizado en el interior de un domicilio ubicado en Lomas de la Cumbre y Lomas de la Concha, Colonia Tacuba-11 de Marzo, de Iguala, para después meterlos en bolsas y trasladarlos a los Servicios Funerarios ‘El Ángel’, a las afueras de Iguala, donde tardaron dos días en incinerarlos.
Los que no se alcanzaron a cremar fueron esparcidos en Taxco, cerca de unas minas abandonadas, y en otro sitio poco antes de llegar al pueblo de Coacoyula.
Según la versión de ‘Juan’, policías y los sicarios de Guerreros Unidos sembraron evidencias en el basurero de Cocula para ayudar a autoridades a dar resultados “rápidos” de las investigaciones, y que incluso una parte de las cenizas que no fueron dispersadas en las afueras de Iguala, las habrían entregado a un agente de la policía ministerial de Guerrero de nombre Wenceslao y apellido Zempoatleca o Tlaxcalteca, el 3 o 4 de octubre de 2014, con el fin de que las autoridades locales tuvieran resultados de sus investigaciones.
Ese mismo día en que entregaron las cenizas, las autoridades estatales habrían dispersado los restos y sembrado casquillos y cartuchos percutidos debajo de unas piedras en el basurero de Cocula.
De acuerdo con el testigo protegido, el propósito era responsabilizar a la gente de nivel más bajo en Guerreros Unidos, y no a los capos, por la desaparición de los normalistas.
La Procuraduría General de la República (PGR) fincó en el “hallazgo” de Cocula la denominada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa y procedió a la detención de algunos sicarios, del entonces Alcalde del PRD, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, y de policías municipales.
Usaban crematorio con protección oficial
Según declaró ‘Juan’, Guerreros Unidos tenía control del crematorio ‘El Ángel’, pues habitualmente ahí desaparecía a sus enemigos, con la protección de autoridades locales.
“Se los llevaron en bolsas como las que transportan valores, muy gruesas, de plástico transparente; se transportaron en camionetas. Se hicieron varios viajes que les llevó más o menos dos a tres horas de ir y venir. No sé cuántas camionetas intervinieron pero entre ellas había una camioneta Tacoma blanca que era doble cabina, con su batea descubierta. Para llevar los restos al crematorio se decidió destazar para que hubiera más capacidad y meterlos al horno crematorio”, dice el testimonio del testigo protegido citado por Reforma.
El jefe de plaza de Guerreros Unidos, conocido como ‘El Minicoper’, una persona que ‘Juan’ describe como bajo de estatura, tez clara, de entre 35 y 40 años de edad, era el responsable del uso de los hornos del crematorio para desaparecer los cadáveres de sus víctimas.
“Lo ubico porque a ese tipo una vez ‘El Minicooper’ le hizo entrega de una camioneta Honda Element gris, se veía como modelo reciente, esto en pago por sus servicios que es permitir que el grupo Guerreros Unidos usara el crematorio para incinerar gente que había sido asesinada”, añadió el testigo de la FGR.