• * Rechazan los cambios que se le hicieron a dicho ordenamiento en 2018 porque les quita atribuciones para operar en sus comunidades

Bernardo Torres

Coordinadores de las cinco Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) se pronunciaron en contra de la aprobación de reformas a la Ley 701, porque les quita atribuciones a esta organización, se quejaron.

En conferencia de prensa, los coordinadores manifestaron al gobernador que es muy lamentable que siendo la máxima autoridad, se haya valido de su poder político en violentar los derechos de miles de ciudadanos de habla indígena, y de cientos de pueblos mixtecos, nahuas, tlapanecos, amuzgos y mestizos específicamente de afromexicanos.

Demandaron al gobernador que intervenga con las y los diputados del Congreso del Estado para la aprobación de la iniciativa de reforma que le fue entregada al diputado Alberto Catalán Bastida, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Los inconformes argumentaron que las y los diputados en el año 2018 aprovecharon su mayoría para “desquebrantar” (sic) la estructura de los pueblos comunitarios, “es por ello que ahora debe de restituir el mal que hizo hacia los pueblos indígenas marginados por su gobierno en su desarrollo”.

Los coordinadores expusieron que esta organización en su conjunto con el auxilio del presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, Aristóteles Tito Arroyo y de la Asociación Civil de ‘Tlachinollan’ llevaron a cabo cuatro parlamentos abiertos en Chilpancingo en los días 3, 4 y 5 de mayo y el día 14 de junio del 2019 para debatir el tema.

En los foros, dijeron que participaron más de 10 mil hombres y mujeres que emitieron sus opiniones y de esa manera estructuraron una Iniciativa de Reforma Constitucional que fue entregada al Congreso del Estado.

“Es muy evidente la burla de las y los diputados, como es posible no tener la capacidad de aprobar la reforma pero cuando se trata de intereses propios si se ven apresurados como es el caso de la aprobación electoral el día 1 de junio 2019 que por cierto fue invalidado por la SCJN por no haber hecho la consulta a los pueblos Indígenas”, señalaron.

Los dirigentes solicitaron una audiencia urgente para tratar sobre la reforma y se pronunciaron en contra de que aprueben la Reforma Constitucional “ya basta de burla, de violentar los derechos humanos de atropellar a los ciudadanos, en discriminar a los pueblos indígenas y afromexicanos”. API