- “Me gustaría que vengan 400, 500 o 600 compañeros, que hablemos con ellos de cuántos conocen los planteamientos específicos de la iniciativa”, dijo el diputado priísta
Gilberto Guzmán
El coordinador de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional, Héctor Apreza Patrón, señaló que la reforma constitucional en materia de derechos indígenas y afromexicanos que se trabaja en el Congreso de Guerrero, debe ser producto de una auténtica consulta, no de un acuerdo político entre las élites.
El legislador argumentó que el proceso de dictaminación de dicha reforma no debe politizarse y debe estar ajeno a vicios y formas caciquiles del pasado, sino que requiere del análisis y del conocimiento de las y los diputados para socializar el contenido de la reforma y al mismo tiempo escuchar a los involucrados.
“Me parece que lo más importante es que pudiéramos sentarnos y dialogar y hacer eco de lo que han dicho los pueblos originarios y los pueblos afro. Me gustaría que vengan 400, 500 o 600 compañeros, que hablemos con ellos de cuántos conocen los planteamientos específicos de la iniciativa”, explicó.
En ese sentido, señaló que ningún legislador o grupo parlamentario debe considerarse el precursor del movimiento indígena, porque a lo largo de la historia se han hecho esfuerzos y se han logrado avances por parte de distintos actores políticos, sociales, académicos, intelectuales y de gente originaria de las comunidades indígenas y de los pueblos afromexicanos.
También recordó que en abril de 2014, la entonces 60 Legislatura aprobó incorporar en la Constitución de Guerrero el reconocimiento a los pueblos afromexicanos, incluso antes de que el tema adquiriera carácter nacional, producto de un largo proceso de lucha, no sólo por mérito de las diputadas y diputados.
Héctor Apreza puso como ejemplo una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivada de un recurso interpuesto por una comunidad indígena de Cuajimalpa en la Ciudad de México, que mandató al propio Congreso de la Unión a que legislara y estableciera una Ley General de Consulta para que rija ese tipo de procesos de manera ordenada.
Agregó que para el caso de Guerrero existe una iniciativa de ley de consulta desde hace casi un año que tampoco ha sido dictaminada, con la que se podría generar el marco jurídico para procesar todo lo vinculado a la legislación sobre pueblos indígenas y afromexicanos.