• Santiago Aguirre, del Centro Agustín Pro Juárez, reveló algunos temas de los que se habló en la reunión del miércoles en Palacio Nacional

Jesús Saavedra

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, entregaron un escrito al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que le piden que se proceda por la vía penal contra “personajes clave” de la pasada administración federal, estatal y municipal, que eran parte de la red de protección del grupo criminal Guerreros Unidos (GU), quienes instigaron y operaron los ataques contra los normalistas el 26 de septiembre del 2014.

Un día después de la reunión con López Obrador, el director del Centro de Derechos Humanos ‘Miguel Agustín Pro Juárez’, Santiago Aguirre Espinosa, informó algunos detalles del encuentro a través de la cuenta oficial de Twitter de esa organización que lleva la asistencia jurídica de los padres de los normalistas.

Dijo que se revisaron los avances del proceso de investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), “se hablaron temas que no podemos hacer públicos, pero del lado de los papás y mamás hubo tres mensajes” que entregaron al presidente mediante un escrito.

El activista añadió que en el primer punto los padres reconocían el trabajo que llevó a la identificación genética de uno de los normalistas, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, e “insistieron que es una noticia que les llenó de dolor, que están asimilando y que demuestra que es posible llegar a la verdad”.

El segundo punto del escrito fue que los padres “expresaron su preocupación por algunas filtraciones que ha habido en torno a la investigación; conocimos un video que muestra la tortura de un detenido; conocimos la investigación interna de la Policía Federal que demuestra que elementos de esa corporación estaban coludidos con la delincuencia organizada, la filtración de un informante de lo que pudo haber ocurrido la noche de 26 de septiembre”.

Agregó que los padres, junto con los expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “mostraron su preocupación por las filtraciones, porque no ayuda al proceso y que más bien se debe fortalecer el trabajo del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas y del fiscal a cargo de las investigaciones, Omar Gómez Trejo”.

Aguirre Espinosa indicó que, además, los padres y madres “insistieron que es tiempo que se materialicen detenciones de los involucrados más importantes en el caso; los padres y madres saben que a 6 años difícilmente se podrá detener y procesar a todos los involucrados, pero es tiempo que ya algunos actores clave rindan cuentas”.

Subrayó que en el documento “ubican las prioridades que tienen en ese sentido; hay personajes identificados en el expediente, no podemos revelar datos que comprometan la investigación, lo que podemos compartir es que se trata de salir de la versión que acotaba la red de protección de Guerreros Unidos en Iguala y Cocula”.

Afirmó que los padres de los 43 sostienen que por la impunidad que operaba GU en esa zona de Guerrero, “se demuestra que una organización criminal de este tamaño tenía redes que incluían actores del gobierno estatal, del gobierno federal, en personas de integrantes de fuerzas federales con presencia en Iguala que estaban relacionados con los hechos”.

Añadió que luego de la reunión, los padres “están terminando de procesar la identificación genética de Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, fue una noticia brutal que les generó mucho dolor y pusieron el énfasis en el valor de la verdad, en insistir en que es posible alcanzar la verdad en este proceso”.

El normalista fue identificado a partir de un resto óseo que fue encontrado recientemente, a unos 800 metros del basurero de Cocula, donde habrían sido asesinados e incinerados al menos un grupo de los normalistas por sicarios de Guerreros Unidos, el 27 de septiembre de 2014, de acuerdo con los resultados de las investigaciones que hizo la Procuraduría General de la República, entonces a cargo de Jesús Murillo.