- La Montaña de Guerrero “sigue siendo el sótano de la desigualdad en los 19 municipios donde se ubican de los más pobres del país”, afirmó el director de Tlachinollan, Abel Barrera
Jesús Saavedra
Directores de organismos defensores de derechos humanos de Guerrero, Puebla y Chiapas hicieron un llamado urgente al gobierno federal para que ponga atención especial a familias indígenas en zonas de alta marginación, que están siendo las más vulnerables ante la pandemia del COVID-19 y que enfrentan condiciones difíciles de falta de atención y de acceso a servicios básicos de Salud.
Así lo señalaron este jueves durante una videoconferencia llamada “Visiones locales de COVID-19 en grupos vulnerables: desafíos para la equidad”, que organizó el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), cuyo director, Juan Ángel Rivera Dommarco, dijo que el gobierno federal escuchará las voces de todos los sectores para mejorar la atención en zonas vulnerables del país.
En ese ejercicio participó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’, Abel Barrera Hernández, quien explicó que esa región de Guerrero “sigue siendo el sótano de la desigualdad en los 19 municipios donde se ubican de los más pobres del país, como Metlatónoc, donde se da más la expulsión de población jornalera”.
Aseguró que lo que han podido documentar como Centro es que esta pandemia se ha “ensañado con los trabajadores esenciales y no hay mecanismo efectivo de las instituciones para prevenir y atender a esa población”, que en su mayoría son jornaleros agrícolas que se han visto obligados a trabajar en campos de cultivo de estados del norte del país, mientras que otro segmento emigra hacia Estados Unidos como indocumentados.
Barrera Hernández informó que ‘Tlachinollan’ ha documentado la salida de casi 5 mil 500 personas de la Montaña como jornaleros agrícolas en esta pandemia sanitaria del coronavirus y un número indeterminado de migrantes a Estados Unidos.
“Son personas que cargan bajo sus hombros todo lo que significa la explotación y expoliación de los trabajadores del campo, son los más desprotegidos, los más vulnerables y no se atiende el foco rojo de la discriminación, de la desigualdad, están saliendo sin ninguna seguridad hacia los campos de cultivo donde se han contagiado”, aseguró.
Dijo que por ejemplo, de los migrantes que se fueron a Estados Unidos, han documentado el deceso de 43 guerrerenses de la Montaña que enfermaron de coronavirus en Nueva York, Michigan y Georgia. “Regresaron de sus sueños a sus comunidades hechos cenizas; es el grave problema y el gran drama, regresaron con un certificado de cremación”, dijo.
Añadió que la población migrante es la que ha sostenido la economía familiar de la Montaña “pero estamos viendo que se está resquebrajando, se están muriendo sus hijos que se fueron para ayudar a sus familias, es un fenómeno reciente”.
Abel Barrera sostuvo que ante esta “situación precaria, la ausencia de las instituciones es lo que más brilla en la Montaña; por ejemplo hay un solo hospital de segundo nivel que atiende a los 19 municipios; desde 1970 no hay infraestructura hospitalaria y esto agrava más la situación en esta contingencia”.
Tania García Guerra, de la Cooperativa Pajti de la Sierra Norte de Puebla, señaló que en ese estado “los cuidados y acciones para mitigar los contagios no se tomaron a tiempo y que en estas semanas de un incremento de casos en la pandemia, se han disparado los casos sin que se pueda avizorar que se atienda de manera correcta”.
Se quejó que hace falta infraestructura y personal médico para atender a una población vulnerable en esa zona indígena poblana y consideró que el gobierno federal debe de desplegar medidas extraordinarias para evitar un grave daño en la población más vulnerable.
Joel Heredia Cuevas, coordinador de Salud y Desarrollo Comunitario AC de Chiapas, también explicó su experiencia en las comunidades indígenas de ese estado, donde hay carencia de médicos, de enfermeras y de hospitales. “Es una situación delicada que se agrava en zonas pobres del país”, explicó.
Al final, los tres activistas coincidieron en que la pandemia “presenta una serie de desafíos que debemos dar respuestas desde diferentes frentes, tenemos una profunda desigualdad que convive con la diversidad, tenemos diferentes condiciones de vida en las comunidades y se deben de atender como tal”.
Pidieron al INSP a que ayude “a visibilizar este problema. En la Montaña el problema de muerte materna es grave porque hemos documentado 15 casos, pero se necesita un estudio claro para poder incidir en cambios de políticas públicas de atención a las mujeres”.