- * Tlachinollan y el Centro Robert F. Kennedy cuestionan la decisión del presidente López Obrador de militarizar la seguridad pública en México
Jesús Saavedra
A 11 años del asesinato del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, en un retén militar instalado en la región de la Montaña, el crimen sigue en la impunidad, pues el único militar que fue llevado ante la justicia fue absuelto de responsabilidad, lo que es muestra clara del fracaso de la estrategia de utilizar a la milicia en tareas de seguridad.
En un comunicado conjunto, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña ‘Tlachinollan’ y el Centro de Derechos Humanos ‘Robert F. Kennedy’ se refieren ese homicidio se trató de una “ejecución extrajudicial” porque el joven Bonfilio Rubio fue asesinado “en un retén militar” y “su caso, como muchos otros en el país, se vio fuertemente marcado por un contexto de pobreza, desigualdad, militarización e impunidad”.
Explicaron que hace 11 años, Bonfilio Rubio Villegas abordó un autobús de la línea ‘El Sur’ en Tlapa para dirigirse a la Ciudad de México como parte de su camino hacia los Estados Unidos, donde tenía contemplado cruzar como indocumentado; “ese viaje era una respuesta ante la falta de oportunidades en la región de la Montaña”, señalan.
Aquel día, el autobús en el que viajaba fue detenido alrededor de las 22:30 cerca de Huamuxtitlan, “en un retén militar ilegal, con el argumento de ‘revisión de rutina’. Después de detener arbitrariamente a uno de los pasajeros por llevar botas tipo militar, los elementos castrenses dispararon sus armas de fuego hacia el autobús, ejecutando en ese instante a Bonfilio”.
Indicaron que desde aquella fecha, la familia de Bonfilio “inició una travesía incansable por alcanzar justicia. Su caso fue conocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien emitió una sentencia histórica en la que declaró inconstitucional el artículo 57 del Código Penal Militar y ordenó que el caso fuese conocido en la justicia civil. Sin embargo, aunque la investigación se trasladó al fuero civil, la línea de investigación impulsada en el fuero militar se mantuvo, por lo que en 2014 se absolvió al único militar procesado”.
Subrayaron que la familia de Rubio Villegas, “ante la imposibilidad de acceder a la justicia en México, en enero de 2017 la familia decidió acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con una petición que detalla las violaciones a derechos humanos en el caso, incluyendo al derecho a la vida y a la integridad personal, así como a las garantías judiciales y la debida protección judicial, todos ellos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Ambas organizaciones defensoras de derechos humanos afirman que a 11 años de ese asesinato, “el caso de Bonfilio retoma nuevamente gran relevancia ante la reiteración de la estrategia de militarización de la seguridad pública por parte de la actual Administración en México”.
Recordaron que el pasado 11 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de materia extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
No dudaron en señalar que con ese acuerdo presidencial “se extralimitan las facultades de las fuerzas armadas y se autoriza su despliegue en todo el país, permitiéndoles ejecutar detenciones, asegurar bienes, realizar control migratorio y su permanencia en las calles que se venía dando de facto con la Guardia Nacional. Todo ello, sin que exista una estrategia para el retiro paulatino de las fuerzas armadas, ni controles civiles y mecanismos de rendición de cuentas. Además, la publicación de dicho acuerdo se dio en pleno contexto de la contingencia sanitaria, lo que imposibilitó su escrutinio y debate público”.
Agregan que con esta decisión del gobierno de López Obrador, “se vuelve a imponer el modelo de militarización del país que hemos visto en administraciones pasadas y que ha demostrado durante años no ser efectivo. Esta estrategia de seguridad fallida continuará perpetuando el pacto de impunidad que gozan las fuerzas armadas y que casos como los de Bonfilio no alcancen justicia en México”.
Reiteran que “las recomendaciones realizadas por innumerables mecanismos internacionales que han señalado que se debe realizar un retiro paulatino de las fuerzas armadas y que su actuación siempre debe tener la supervisión de una autoridad civil, así como mecanismos para el fortalecimiento de las policías estatales y municipales”.
Finalmente señalan que seguirán “luchando para que el caso de Bonfilio sea investigado correctamente y que las personas responsables de ejecución extrajudicial sean detenidas y enjuiciadas por estos hechos. Que la impunidad castrense no continúe”.