• * Integrantes de la Red Nacional por los Derechos de las Mujeres advirtieron que iniciarán acciones legales en contra de los legisladores que no acataron una recomendación de la Conavim

Jesús Saavedra

Integrantes de la Red Nacional por los Derechos Humanos de las Mujeres amagaron con iniciar acciones legales en contra de la decisión del Congreso del Estado de no reformar el artículo 159 del Código Penal de Guerrero para homologar la norma-046, la Ley General de Víctimas y el artículo 10 de la Ley General de Salud, a fin de garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo de manera segura, en caso de haber sufrido un abuso sexual.

Las mujeres de esta Red en su capítulo Guerrero dijeron que pedirán al Consejo de Honor y Justicia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que los legisladores locales de ese instituto político sean llamados a cuenta porque no cumplen los principios “que este partido ha estado enarbolando”.

El miércoles 11 de diciembre, diputados de las comisiones unidas para la Igualdad y Género, Justicia y Salud, determinaron rechazar la recomendación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (Conavim), de reformar el Código Penal del Estado a fin de que las víctimas de un violación sexual ya no sean obligadas a presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que les practiquen un aborto en los hospitales del sector salud.

Aseguraron que los legisladores declararon improcedente la recomendación, porque hubo presión de la Iglesia Católica y de líderes religiosos, como el obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza.

Señalaron que en este caso “se priorizan las creencias religiosas” por encima de los derechos de las mujeres, y advirtieron que “no se les puede olvidar a ningún funcionario o legislador o legisladora, que nuestro Estado laico ha costado vidas, que ha costado mantenerlo”, dijo Rosa María Gómez Saavedra, presidenta del Grupo Interdisciplinario para la Igualdad A.C.

Por lo anterior, las feministas pidieron a los partidos políticos que capaciten a sus militantes sobre derechos humanos, para que cuando estos lleguen a un cargo de elección popular o cargo gubernamental tengan las capacidades para hacer su trabajo.

Debido a que no cumplen con su función de legislar a favor de los derechos humanos de las mujeres, las feministas anunciaron que podrían emprender acciones legales en contra de los legisladores locales que no acataron la propuesta-recomendación de la Conavim para garantizar el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embazo de manera segura.

“Nosotros veríamos que vamos a hacer: si demandamos, solicitamos un amparo, pero es una cuestión que tenemos que decidir el movimiento de mujeres en algún momento determinado, pero no podemos dejar de pasar esta situación”, advirtieron.

Los diputados que podrían ser demandados son los de la Comisión de Justicia: Omar Jalil Flores Majul, Moisés Reyes Sandoval, Servando de Jesús Salgado Guzmán, Guadalupe González Suástegui, Ossiel Pacheco Salas; de Salud: Olaguer Hernández Flores, Nilsan Hilario Mendoza, Zeferino Gómez Valdovinos,  Heriberto Huicochea Vázquez, Antonio Helguera Jiménez, y de Igualdad y Género: Erika Valencia Cardona, Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, Verónica Muñoz Parra y Norma Otilia Hernández Martínez.

Sobre los diputados de Morena, las feministas anunciaron que solicitarán que sean llamados a rendir cuentas por parte del Consejo de Honor y Justicia de ese partido, porque “Morena se comprometió a que iba a estar vigilando de que se cumplieran los derechos de las mujeres”.

Finalmente exigieron al Congreso del Estado cumpla con su responsabilidad de respetar, promover, proteger y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y niñas, como lo marca la carta magna y el marco legal internacional.