- * El fraude familiar sería delito y se castigará con hasta 5 años de prisión, propone Mariana García
Gilberto Guzmán
La diputada local por Morena, Mariana García Guillén, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para tipificar como delito el fraude familiar o engaño del cónyuge para evadir el pago de la pensión alimenticia, y castigarlo con uno y hasta cinco años de prisión.
En la sesión de este jueves, la diputada expuso que cuando un matrimonio o concubinato se enfrenta a un divorcio o separación, los bienes materiales resultan un problema insoslayable cuando alguno de ellos, con el ánimo de perjudicar al otro, traspasa sus bienes o los pone a nombre de otra persona o de algún familiar, afectando el patrimonio de la contraparte, así como a las hijas e hijos.
Indicó que otro de los engaños es cuando los deudores alimentarios de manera dolosa manifiestan que su salario es inferior al que realmente perciben, y solicitan a su patrón o a las empresas donde trabajan que informen que sus ingresos son menores, a fin de demostrar su estado de insolvencia.
Subrayó que estos actos son considerados como fraude familiar, pues uno de los cónyuges “evidentemente está engañando al otro, al ocultar los bienes del matrimonio”.
Por tal motivo, la iniciativa va en el sentido de proteger el patrimonio, prevenir la violencia familiar y asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes guerrerenses.
García Guillén explicó que dicho delito ya está contemplado en el artículo 390 del Código Penal Federal, pero en el Código Penal de Guerrero sólo se prevé el delito de incumplimiento de la pensión alimentaria, así como el de insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores.
Sin embargo, lamentó que a pesar de estas disposiciones vigentes, y de que Guerrero es una de las entidades con mayor porcentaje de madres de familia en condición de pobreza multidimensional, persiste la insuficiencia normativa que haga válida, efectiva y eficiente las disposiciones para evitar que las personas responsables alimentarias se sustraigan de sus obligaciones.
La diputada informó que en Guerrero, tan sólo el año pasado hubo 3 mil 613 divorcios, y en la mayoría se observaron severos casos de desigualdad hacia la mujer.
Por tal motivo, al tipificar como delito el fraude familiar, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión y una multa de 360 veces la Unidad de Medida y Actualización, a quien en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros los bienes.