Jesús Saavedra
Una resolución del Juez Segundo de Distrito del puerto de Acapulco, José Artemio Navarrete Sánchez, mantiene al borde de una confrontación a integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Costa Chica con fuerzas policiales federales, luego de que concedió un amparo para que dejen en libertad a una persona acusada de asesinato y sometida a la justicia comunitaria.
Navarrete Sánchez ha pedido formalmente a autoridades federales y estatales su intervención por la fuerza policial para que se cumpla su resolución judicial, que para la CRAC-PC “criminaliza y persigue a nuestras autoridades indígenas”.
El pasado 8 de octubre los coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla recibieron una notificación del juez federal José Artemio Navarrete Sánchez, la cual resuelve el incidente de suspensión 762/2019 que se tramita dentro del juicio de amparo número 762/2019 promovido por Teodoro Crisóforo Jiménez, persona que es vecina y originaria de El Coyul, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, y está procesado bajo el “sistema de justicia comunitaria” por el delito de homicidio calificado en agravio de uno de sus hermanos.
Esa resolución entre otras cosas establece: una multa de 190 mil pesos a los coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso, así como a los comisarios de esta comunidad y al de El Coyul, ambos pertenecientes al municipio de Ayutla.
El juez federal Navarrete Sánchez también ordena al Ministerio Público Federal iniciar carpetas de investigación por el delito de desacato y privación ilegal de la libertad personal de Teodoro Crisóforo Jiménez, y al Ministerio Público del Fuero Común de Ayutla y el Federal con sede en Acapulco iniciar las correspondientes Carpetas de Investigación por los delitos de Privación de Libertad y Desacato a una orden Judicial Federal, respectivamente.
El juez Navarrete también le ordena al jefe del Ejecutivo estatal y al Fiscal General del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila desplegar los actos operativos necesarios para que los coordinadores y comisarios pongan en libertad al detenido Teodoro Crisóforo Jiménez.
Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” el juez Navarrete “realiza una interpretación sumamente restrictiva de la Constitución y arriba a la convicción que los pueblos indígenas adscritos a la CRAC no pueden procurar ni administrar justicia.
n su análisis no acudió al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos indígenas y tribales ni al Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, es decir, es una resolución que carece de fundamentación y motivación”.
Por si fuera poco, “Tlachinollan” sostiene que ese juez “pasó por alto seis resoluciones dictadas por otros jueces federales al resolver los amparos contra los autos de formal prisión que interpusieron varias autoridades de la Casa de Justicia de El Paraíso cuando fueron detenidas y procesadas por secuestro en el año 2013. En aquellas resoluciones los Jueces de Distrito resolvieron que la CRAC-PC no infringen la ley penal al procesar a personas que cometen delitos en su territorio, pues es un derecho que tienen como pueblos indígenas a juzgar los delitos cometidos en su territorio de acuerdo a sus sistemas normativos”.
Afirman que ese juez federal “pasó por alto estas resoluciones, argumentando que no está obligado a observarlas dado que él tiene su propio criterio, olvidando el juzgador que estos fallos son considerados por la Ley de Amparo como hechos notorios y tiene la obligación de tomarlos en consideración y valorarlos”.
Los abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña subrayan que el “marco normativo nacional e internacional establecen que México es un Estado pluricultural, y en ese sentido existe un pluralismo jurídico que no debe ser ignorado por los jueces. Como ya se dijo la propia Suprema Corte de Justicia ha establecido el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en caso que involucre a personas, comunidades y pueblos indígenas y en tal instrumento normativo dispone la existencia de una jurisdicción indígena cuyas resoluciones deben ser observadas por los Jueces.
El propio artículo 2 de la Constitución General de la República dispone que los pueblos indígenas pueden resolver sus conflictos internos teniendo la obligación la autoridad local de legislar para establecer los procedimientos mediante los cuales los jueces validarán ese ejercicio de los Pueblos”.
En ese sentido las casas de justicia pertenecientes a la CRAC-PC condenaron “el criterio racista y restrictivo del Juez Segundo de Distrito que criminaliza nuestro sistema normativo de procuración y administración de justicia que como pueblos indígenas tenemos, pisoteando con ello la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos en materia de pueblos indígenas”.
Indicaron que en la comunidad de El Coyul, de donde es vecino Teodoro Crisóforo Jiménez “existe desde hace años una violencia endógena sórdida, familias completas se han llegado a matar por rencillas internas. La CRAC-PC tiene datos de prueba suficientes que establecen que el señor Teodoro Crisóforo Jiménez privó de la vida a su propio hermano.
stos homicidios han provocado otras muertes más de las cuales la CRAC de El Paraíso ya tiene detenidos y procesados. El sistema de justicia de la CRAC hace esfuerzos por abatir la violencia en esta y otras comunidades, circunstancia que ha sido ignorada por las autoridades estatales desde hace años y hoy que la CRAC ha decidido enfrentar esta situación el juez irresponsablemente pide la liberación de Crisóforo. ¿Qué pretende? ¿Que esta persona tome venganza y mate a sus contendientes? ¿Pretende contribuir el Poder Judicial Federal a exacerbar la violencia en nuestro territorio indígena?”, cuestionaron.
Denunciaron que la pretensión del juez Navarrete es la de querer “someternos a la justicia estatal que viola los derechos de las víctimas e imputados y de todas las comunidades, pues quiere aplicarnos un conjunto de normas que desconocemos y nos son ajenas, cuando nosotros tenemos las nuestras y bajo esos procedimientos podemos aplicar la justicia”.
Dieron a conocer que lo que está sucediendo en la Casa de Justicia de El Paraíso, “no es particular, pues lo mismo acontece con las comunidades adscritas a la casa de justicia de San Luis Acatlán, donde 212 comunidades han sido demandadas ante el Juez Octavo de Distrito con sede en Acapulco, Guerrero, por una demanda de amparo interpuesta por Uliser Hernández Hernández, persona que tiene pendientes en la Justicia Comunitaria por haber cometido diversos delitos en nuestro territorio indígena”.
Agregaron que esta resolución “se inscribe en el marco de una contrarreforma impulsada por el gobierno estatal que abrogó las disposición legales establecidas en la Ley 701 referentes a las facultades de la CRAC-PC para procurar impartir y administrar justicia circunstancia que socava nuestra institución comunitaria y genera un marco permisible para la criminalización y persecución de nuestro sistemas normativos. Por ello hemos decidido emprender una lucha sin tregua por el reconocimiento constitucional y legal de nuestros derechos como pueblos indígenas en estado de Guerrero”.
En ese sentido, hicieron un pronunciamiento para exigir “el cese a la criminalización y persecución contra la CRAC-PC y que los jueces de distrito respeten nuestros derechos a la libre determinación, al ejercicio de nuestros sistemas normativos que como pueblos indígenas tenemos, y que los diputados de la legislatura local a la brevedad posible legislen lo correspondiente para reconocer cabalmente nuestros derechos”.
Sobre este tema, dieron a conocer que ha intervenido la Secretaría de Gobernación (Segob) y se ha abierto una mesa de diálogo para evitar que se registre una confrontación.