- * Hay más de 40 escuelas cerradas, cerca de mil 500 desplazados y la producción minera está detenida en su totalidad, asegura Gregorio Portillo
- * Dijo que “conseguimos que la Guardia Nacional vaya, pero va por días, está en la cabecera, se queda cinco días y luego se va por un mes”
Alondra García
El presidente municipal de Zirándaro, Gregorio Portillo Mendoza, reiteró que la región se encuentra sumergida en una crisis de violencia por la confrontación entre grupos antagónicos del crimen organizado, lo que ha dejado una estela de muerte, desplazamientos forzados, cierre de escuelas, rancherías, carreteras y minas.
En entrevista, Portillo Mendoza habló sobre la crisis humanitaria que enfrenta Zirándaro y los orígenes de la violencia en ese municipio.
De acuerdo con el alcalde, la violencia comenzó en 2001 con la incursión de Los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo.
La organización delictiva estaba conformada por desertores del Ejército Mexicano y en su momento fue catalogada como “la más sanguinaria” del país.
El alcalde explicó que, por su ubicación, Zirándaro “es paso” estratégico para los grupos criminales.
Indicó que las agrupaciones que operan el Estado de México se abren paso a través de los municipios de la región Tierra Caliente de Guerrero.
La intención es llegar al puerto de Zihuatanejo, “que sirve para la carga y descarga de drogas y armas”.
“El negocio es el tráfico (…), pero además, los recursos que genera un puerto como tal. Nuestro problema es que estamos en medio”, apuntó Portillo Mendoza.
El alcalde de Zirándaro, de Morena, sostuvo que la violencia en ese municipio comenzó entre los años 2000 y 2001. “Empezamos a ser refugio del cártel de Los Zetas, que identificó en nuestro municipio las características idóneas para refugiarse. Desde ese momento inició el proceso de violencia en el que hemos estado inmersos durante todos estos años”, refirió.
Desde ese momento, la problemática de la seguridad “evolucionó y se diversificó” con la conformación de “un sinnúmero” de organizaciones criminales que se asentaron en la zona.
Portillo Mendoza explicó que la llegada inicial de Los Zetas provocó el desplazamiento forzado de cientos de familias.
Después, esas víctimas se sumaron a grupos rivales “que les proporcionaron armas, dinero y las condiciones para que pudieran regresar a pelear y recuperar su territorio, su casa y sus pertenencias”.
De esa manera, los desplazados regresaron y se confrontaron con otras familias que, de manera obligada, colaboraban con el cártel afincado en la región.
“Los desplazados generaron más desplazados”, explicó Portillo Mendoza.
Ese fenómeno se acrecentó, generó muertes y más desplazamientos, al grado que lo calificó como “una guerra civil”.
A la ubicación estratégica para el paso de los cárteles se suma otra condición: Zirándaro es un municipio muy extenso y la mayor parte de su territorio se ubica en la sierra.
“El acceso es muy difícil, las corporaciones de seguridad difícilmente llegan a las zonas serranas y esto les ha permitido protegerse, por eso el municipio es atractivo para las organizaciones criminales”, explicó Portillo.
Por ello, la “guerra” que mantienen los grupos delictivos en Coyuca de Catalán “se trasladó a la sierra de Zirándaro”.
El alcalde informó que hace aproximadamente dos meses se recrudeció la violencia en la región.
“Se volvieron enfrentamientos constantes, la población se alarmó, vino una crisis de pánico, cerraron las escuelas y la gente se empezó a salir de las comunidades. Principalmente llegaron a Guayameo y a la cabecera municipal, donde se están alojando”, contó.
Indicó que la mayoría de los desplazados proceden de localidades serranas de Zirándaro y Coyuca de Catalán, como El Tepehuaje, El Cundancito, Mesas de Pineda y otras comunidades que se ubican a lo largo del ejido de Zihuaquio.
Subrayó que “ese es el paso hacia Zihuatanejo y es donde se han registrado confrontaciones desde hace más de un año”.
De acuerdo con el alcalde, en su municipio se refugian alrededor de mil 400 personas desplazadas desde hace dos meses.
La cifra continúa en aumento, porque apenas el miércoles 20 de noviembre llegaron a Guayameo otros 20 desplazados procedentes de El Cerano y el jueves arribaron dos camionetas de las comunidades de San Rafael, El Chivo y La Estancia.
Dijo que para darles de comer, el ayuntamiento de Zirándaro dispuso de las despensas que el DIF estatal envía destinadas a sectores vulnerables.
También del programa de desayunos escolares del DIF, ya que hay más de 40 escuelas cerradas desde hace más de un mes y el apoyo se redirigió a los desplazados.
Sin embargo, el alcalde advirtió que “ya no es suficiente” para alimentar a las familias porque “el número ha crecido demasiado”.
Por ello, dijo que está tratando de establecer comunicación con la Secretaría de Gobernación (Segob) “para que ayuden a solventar” la manutención de los desplazados.
El alcalde Gregorio Portillo subrayó que el problema del desplazamiento forzado es aún mayor, porque hay “centenares de familias” de las que no se tiene registro, pues buscaron refugio en Huetamo, Michoacán o incluso solicitaron asilo en la embajada de Estados Unidos de Norteamérica.
Además, señaló que existe otro grupo de desplazados procedentes de la zona de El Balsas, principalmente de las comunidades de El Embarcadero, El Jabalí y La Ciénega, “donde ha habido enfrentamientos muy fuertes de los que incluso han circulado videos en las redes sociales”.
Economía en decadencia
El alcalde de Zirándaro explicó que a partir de que la delincuencia organizada tomó el control de la zona, la economía cayó en decadencia.
Explicó que el municipio “es netamente agropecuario” y recordó que hace 20 años Zirándaro fue el municipio con la producción más alta de ganado a nivel estatal.
En 2001 la asociación ganadera local facturó 23 mil cabezas de ganado.
Actualmente se facturan 2 mil 300 cabezas, lo que implica una caída de 20 mil 700 becerros al año.
En su peor momento, Zirándaro facturó solamente 500 cabezas de ganado al año “por la durísima violencia” que obligó, incluso, a cerrar rancherías.
Otro sector afectado es la industria minera, que cerró operaciones en su totalidad debido a las amenazas, ataques y extorsiones.
Portillo Mendoza puntualizó que el 40 por ciento del territorio de Zirándaro es rico en minerales y, en su momento, el municipio tuvo un auge importante en esta industria.
“Hoy tenemos denuncias de compañías trasnacionales que no han podido explotar ciertos yacimientos, principalmente de cobre, plata y hierro”, comentó.
Incluso reveló que el grupo delictivo Los Caballeros Templarios tomó el control de algunos yacimientos y los explotó con fines de tráfico.
“Hubo un auge, un convenio entre Los Caballeros Templarios y empresarios de China, que canjeaban el metal por sus bases químicas para la fabricación de drogas. Zirándaro fue uno de los que aportó metal para esas negociaciones. De Zirándaro se extrajeron, tenemos el registro, alrededor de 300 mil toneladas de metal de manera clandestina por estas organizaciones criminales”, reveló el alcalde.
Indicó que actualmente no existe explotación minera en su municipio, debido a la confrontación entre grupos antagónicos del crimen organizado.
“No han permitido que un solo grupo se establezca y que mantenga el control sobre estos recursos naturales”, expuso.
Niegan apoyo de seguridad
El alcalde reconoció que tiene encima “mucha presión” social, principalmente de empresarios, que exigen la presencia de las corporaciones federales de seguridad.
Por ello, indicó que desde que asumió la Presidencia Municipal le solicitó al coronel Alejandro de Jesús Orozco, comandante del 34 Batallón de Infantería, el establecimiento de una base del Ejército en la cabecera municipal de Zirándaro.
“En reiteradas ocasiones se lo solicité (…) y él fue muy franco y muy claro conmigo al decirme que tiene una incapacidad de personal, porque es demasiado territorio el que tiene que cubrir. Él me comentaba que tiene un cuartel provisional en la comunidad de El Durazno, en Coyuca de Catalán, colindando con Petatlán; también en El Cundancito, sobre la carretera hacia Zihuatanejo y tiene otro grupo del Ejército en la comunidad de Zihuaquio, en la sierra de Coyuca de Catalán y por eso, enviar otro grupo del Ejército a Zirándaro es muy difícil”, expuso.
Por ese motivo, a partir de la creación de la Guardia Nacional se dirigió a la comandancia de ese nuevo cuerpo de seguridad.
También buscó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Alfonso Durazo Montaño.
“Conseguimos que la Guardia Nacional vaya, pero va por días, está en la cabecera, se queda cinco días y luego se va por un mes, por lo que sigue la misma problemática”, reprochó.
Por ello, dijo que el 20 de agosto el alcalde envió un oficio al comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, para ofrecerle un terreno de dos hectáreas en Zirándaro en el que podría construirse una comandancia de esta corporación de seguridad.
La respuesta le llegó dos días después, mediante una carta firmada por el General Inocente Prado López.
Únicamente le notificaron que su solicitud se turnó a la coordinación de la Guardia Nacional en Guerrero y que se comunicarían con él para darle seguimiento.
A tres meses de distancia, el presidente municipal de Zirándaro no ha recibido ninguna llamada del comandante estatal de la Guardia Nacional.
Gobierno estatal niega la crisis
El presidente de Zirándaro lamentó los comunicados emitidos por el gobierno del estado, en los que se niega la crisis humanitaria y de seguridad que enfrenta el municipio.
“Ahí está la realidad y nos están dejando solos, nuestro municipio vive una situación alarmante desde hace varios años y no creo que no se hayan dado cuenta”, reprochó.
Incluso consideró que la falta de apoyo del gobierno del estado se debe a que acudió directamente a la Federación a pedir auxilio.
“Así no se va a resolver el problema, lo primero que tienen que hacer es reconocerlo y atenderlo de manera integral”, dijo Gregorio Portillo, quien reconoció “que no me dirigí primero con el gobernador, pero él conoce la problemática de Zirándaro porque anteriormente se la manifesté de manera personal”.
Portillo López aclaró que no pretende “caer en confrontaciones”, porque lo primordial es atender la crisis.
“Para solucionar un problema lo primero es reconocer su existencia, mientras el gobierno del estado no reconozca que en Zirándaro hay desplazados, no podremos coordinarnos”, lamentó.