- * Al cumplirse un año de que debieron abandonar sus hogares por la irrupción violenta de comunitarios de Tlacotepec, familias de pueblos de Leonardo Bravo exigen condiciones para regresar a sus casas
Jesús Saavedra
CHICHIHUALCO.— Un centenar de familias que tuvieron que huir de sus hogares debido a la violencia en los municipios de Leonardo Bravo y Zitlala, hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que establezca un diálogo directo con quienes son afectados por el desplazamiento forzado, en el que haya acuerdos concretos en materia de atención y justicia para ellos.
“El país está de cabeza y por algo debe empezar el presidente al que la mayoría de mexicanos apoyó para que metiera en cintura a los delincuentes en México”, reclamaron.
Este lunes, un centenar de familias desplazadas que abandonaron una docena de comunidades de Leonardo Bravo y otras más de la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, realizaron una marcha en esta cabecera municipal al cumplirse un año de que fueron obligadas a abandonar sus viviendas debido a la violencia. En el primer caso por la irrupción de la policía comunitaria de Tlacotepec y en el segundo por el control total que asumió del poblado un grupo criminal ligado a ‘Los Ardillos’.
Hace una semana, alrededor de 30 familias desplazadas de Zitlala cumplieron un año fuera de su hogar y están refugiados temporalmente en Copalillo, mientras que ayer 70 familias de este municipio cumplieron un año de haber sido desplazados, y por ello organizaron de manera conjunta una marcha de unos 8 kilómetros desde el acceso de esta localidad a la explanada del palacio municipal.
En la marcha, los desplazados de los pueblos de la Sierra pidieron el repliegue de la policía comunitaria de Heliodoro Castillo que los obligó a salir de sus viviendas, así como la instalación de un perímetro de seguridad, mientras que los desplazados de Zitlala la reubicación y construcción de viviendas de las familias de Tlaltempanapa. En ambos casos exigieron que se deslinden responsabilidades a quienes hayan generado la violencia los obligó a salir de manera forzada de sus comunidades.
Una de las señoras desplazadas de las comunidades de Leonardo Bravo, Maricela Cástulo Guzmán, dijo que la irrupción de civiles armados en sus pueblos cambió su vida y la de sus familias, “cumplimos un año y estamos bien, no todos porque de todas las familias que fuimos desplazadas solo quedamos 62 en espera de que sigamos luchando hasta donde podamos”.
La señora que es vecina de la comunidad de Los Morros y que ahora vive de una renta que le otorga el gobierno federal, luego de un plantón de 80 días que realizaron en febrero afuera de Palacio Nacional, apoyo que ahora les pretenden quitar, dijo que “nosotros le pedimos al presidente Andrés Manuel López Obrador que nos explique los motivos por qué no nos atiende, por qué no puede atender el país que está de cabeza”.
Recordó que durante este año han fallecido los señores Francisco Barragán Nava y Virginia Zúñiga Maldonado, y “nosotros queremos que el presidente nos diga qué tiempo vamos a esperar para regresar a nuestras casas, a nuestros hogares”.
Doña Maricela dijo que a pesar que el gobierno federal les reconoce como víctimas, “en los hechos no es así, porque no hay una atención integral y por ello le pedimos al gobernador Héctor Astudillo Flores que también asuma su papel como autoridad de guerrerenses afectados por este desplazamiento forzado”.
Advirtió que las autoridades no deben esperar a que los pobladores “se armen, eso quieren las autoridades, que agarremos las armas y que peleemos; pero eso no va a suceder porque huimos de nuestros pueblos por miedo, no porque somos delincuentes y porque pensamos que hay autoridad para que atienda los problemas de inseguridad, pero en los hechos no es así”.
Exigió por ello al gobernador y al presidente “paz para nuestra sierra, para poder regresar y tener una vida normal, que no nos quiten nuestras tradiciones, porque ahora en día de muertos no fuimos a dejar flores a nuestros familiares y para el gobierno no pasa nada, pasa hasta que haya muertos y eso no se vale”.
Maricela Cástulo señaló que de las personas desplazadas, 20 familias (25 adultos, 16 niñas y 13 niños) salieron en la búsqueda de que se les otorgará una visa en Estados Unidos por su condición de desplazadas, pero que no lo van a lograr porque el gobierno de ese país no las concede a cambio que comprueben que están siendo perseguidos por el país de origen y en este caso, es otra circunstancia.
“En nuestro caso vamos a seguir aguantando, vamos a seguir resistiendo, porque no podemos huir de nuestro país y mientras nuestras autoridades no nos atienden; nosotros existimos, somos 62 familias las que estamos resistiendo y vamos a seguir luchando y esperemos que las autoridades nos atiendan”, agregó.
La señora, Joaquina Cantor Gasparillo, de la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, dijo que las 30 familias desplazadas son campesinas en su mayoría, “nosotros estamos sufriendo fuera del pueblo, sin empleo, sin seguridad, sin justicia, sin pensión para los adultos, no recibimos nada y pedimos al gobierno que nos atienda”.
Cantor Gasparillo dijo que el gobierno asegura que en Zitlala hay condiciones de seguridad para nuestro retorno, “pero no vamos a regresar porque en nuestra comunidad hay condiciones, cuando el grupo armado que nos desplazó nos mantiene fuera de nuestros hogares”.
Luego de la marcha se ofició una misa para conmemorar este primer aniversario de este desplazamiento forzado y posteriormente se realizó una comida con las familias presentes y vecinos de esta localidad que le han dado cobijo y respaldo a estas familias desplazadas.