* El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que ese problema no se incorporó a la agenda de seguridad nacional, a pesar de que se agudizó por la violencia y la ausencia de seguridad
Ana Lilia Torres
ACAPULCO.— El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, calificó como grave el fenómeno del desplazamiento forzado interno en el país, y criticó que gobiernos pasados lo minimizaron y trataron de esconderlo, sin incorporarlo a la agenda de riesgos de seguridad nacional.
El funcionario federal afirmó que el actual gobierno federal no hará lo mismo y que la próxima semana presentará en el Congreso de la Unión una iniciativa de Ley de Desplazamiento Forzado Interno, con la finalidad de prevenir y atender este problema que se ha agudizado en varios estados de la República, entre ellos Guerrero.
Esta iniciativa de ley deberá incluir políticas sociales para la reconstrucción del tejido social, la dotación de herramientas para recuperar los proyectos de vida de las personas desplazadas y también medidas de seguridad, detalló Encinas Rodríguez.
En su mensaje durante la inauguración del Foro Nacional Sobre Desplazamiento Forzado Interno, realizado en un hotel de la zona Diamante de Acapulco, el subsecretario de la Segob, señaló que en un principio fue el propio estado en la época de los años 70, el principal violador de derechos humanos durante la llamada guerra sucia y el que provocó los desplazamientos de personas por las incursiones militares.
Pero a partir del año 2016 a la fecha, el problema de desplazamiento forzado se agudizó por la violencia y por la ausencia de seguridad, sostuvo Alejandro Encinas, quien añadió que México enfrenta “una profunda crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos”.
“Lo que ha provocado el desplazamiento es la ausencia y debilitamiento del Estado, que no ha cumplido con su responsabilidad de garantizar la seguridad y protección de las personas y de sus bienes” dijo, por lo que urgió a atender este problema.
En el caso de Guerrero, Encinas Rodríguez dijo que el mayor problema de desplazamiento se tiene en comunidades de la zona de la Montaña, como el municipio de Chilapa.
“Tenemos un fenómeno de desplazamiento forzado de núcleos importantes de población, derivados de la confrontación y presencia de grupos delictivos, estamos avanzando en la construcción de una política que nos permita atenderlo en coordinación con el gobierno estatal, dando prioridad a la atención humanitaria de estos grupos”, señaló.
En cuanto a las cifras de desplazados, señaló que son muy variables porque no se cuenta con instrumentos para hacer una medición efectiva del fenómeno en el país.
“Tenemos ubicadas regiones donde se da este fenómeno que son desde la Sierra, Montaña, en la zona de Coyuca de Benítez, en varios lugares de Tierra Caliente, y es un fenómeno nacional que se replica en varios estados”, destacó Encinas Rodríguez.
Añadió que el tema de los desplazados es un fenómeno que tiene que tener atención única en coordinación con la federación y los estados, y poner en el centro la atención humanitaria a las personas desplazadas que fundamentalmente se da en las entidades donde mayor violencia se registre.
Por su parte, en su mensaje durante la inauguración, Alejandro Bravo Abarca, Jefe de la oficina del Ejecutivo Estatal, informó que el desplazamiento forzado modifica la vida cotidiana de las personas y repercute en materia de salud, educativa, alimentación y el trabajo de las personas.
El desplazamiento provocado por grupos de civiles armados y la delincuencia es un fenómeno reciente, dijo el funcionario estatal.
Refirió que en Guerrero a finales del 2018, hombres armados incursionaron en la Sierra del municipio de Chichihualco, obligando el desplazamiento de más de 200 personas.
Para apoyar a esas familias desplazadas, el funcionario estatal dijo que se les brinda actualmente alimento, ropa, se les dio enseres domésticos, medicina y otros apoyos.
También se les ofrece ayuda humanitaria a 748 personas de 193 familias que fueron obligados abandonar sus viviendas en 12 comunidades por la irrupción de grupos delincuenciales.