Por Raúl Salgado Leyva
Para ninguna administración municipal resultaba extraña la delicada situación económica y financiera de cómo y en qué condiciones procedería el proceso de entrega-recepción de sus respectivos Municipios.
Recuérdese que las autoridades municipales actuales fueron elegidas en julio del año pasado y transcurrieron más de cuatro meses, 120 días, suficientes para conocer con anticipación la grave situación administrativa y financiera de la forma como concluirían sus mandatos las anteriores administraciones. Cuando menos los dos municipios más importantes, terminaron sus administraciones de manera escandalosamente quebrantadas.
Con toda oportunidad se integraron sendas comisiones de Entrega Recepción y finalmente nunca fueron conocidos los resultados; a pesar del generoso atributo o concesión legal de los 30 días posteriores que se otorgan para el señalamiento de omisiones o de asuntos pendientes, jamás se enderezaron exigencias o señalamiento de irregularidades; aparentemente todo transcurrió en absoluta impunidad.
En su momento se hicieron señalamientos para que las nuevas administraciones previeran el armado de dos equipos técnica y profesionalmente preparados para hacerle frente a lo que ya era inminente: la Revisión de Cuentas y Estados Financieros y el otro grupo de abogados para enfrentar de inmediato los procedimientos legales recomendables para precisar la delimitación de responsabilidades.
A casi 10 meses transcurridos, decenas de municipios, no solo han mantenido inamovibles los alarmantes adeudos dejados por autoridades anteriores, sino que han aumentado y agudizado su problemática, al ignorar los altos montos económicos que representan los laudos laborales, los adeudos al ISSSPEG, al SAT, a proveedores, a prestadores de servicios, etc.
Algunos municipios se atuvieron irresponsablemente en espera de que las entidades fiscalizadoras procedieran y enderezaran las demandas administrativas y judiciales, cuando correspondía directamente al afectado asumir en definitiva las acciones primarias para el fincamiento de responsabilidades.
En efecto hubo quienes enderezaron denuncias penales, pero es el momento en que no se ha actuado; sin embargo, aún se está en el momento crucial para no cruzarse de brazos o bien asumir la actitud cómoda y continuar lamentando lo que pudo haber sido y no fue.
El gobierno del estado ha sido muy preciso, no podrá tener respuesta de auxilio económico para los municipios, pues la excesiva “austeridad” que ha venido practicando el Gobierno de la República, ha puesto en situaciones complicadas a las propias Entidades del país, en consecuencia, los Cabildos Municipales deben encontrar la ruta razonada, inteligente y apremiante de cómo superar esta agobiante situación. Caer en el endeudamiento seria como prolongar la agonía del enfermo.
En todos los casos de excesos y abusos, como el abultamiento de personal innecesario en los ayuntamientos, los despidos de personal, la basificación injustificada de trabajadores y la indolente practica de algunos servidores públicos, generaron tan delicada problemática; existen responsables, tienen nombre y apellido, hoy no solamente podrían exigir la acción legal para los responsables, sino enfocar acciones para que amparados en señalamientos formales bien documentados se finquen responsabilidades, se exija el resarcimiento Económico y proceder en consecuencia al embargo de bienes a los directos responsables o de quienes en complicidad hayan fungido como prestanombres.
Nos preguntamos: como ha sido posible que los Municipios de Iguala y Zihuatanejo no padezcan tan grave situación como las de Acapulco y Chilpancingo y estén relativamente al corriente de sus compromisos en el tramo de su particular responsabilidad?