* El presidente de la Comisión de la Verdad y la Justicia denunció que con la decisión de un juez federal de absolver a Gildardo López, ‘El Cabo Gil’, se ha sentado “un precedente muy grave”, y negó que José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, vaya a salir libre
* También dijo que denunciarán a Tomás Zerón y otros exfuncionarios de la PGR que actuaron de manera indebida durante las investigaciones del caso Ayotzinapa
Jesús Saavedra
La Comisión para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa anunció que presentará denuncias ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Fiscalía General de la República (FGR), para que se investigue a jueces y servidores públicos que podrían haber cometido delitos y omisiones para permitir que 53 personas sujetas a proceso judicial por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, hayan recuperado su libertad.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, quien preside dicha comisión, afirmó que con la decisión de un juez federal de dictar una sentencia absolutoria a Gildardo López Astudillo, ‘El Cabo Gil’, se ha sentado “un precedente muy grave” por el que podrían obtener su libertad otras 50 personas detenidas por el mismo caso.
En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, este miércoles, el subsecretario de Segob fijó una postura en torno a la liberación de ‘El Cabo Gil’, presunto operador del grupo criminal Guerreros Unidos (GU) de Iguala y quien habría ordenado la detención y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El pasado 30 de agosto, el juez Primero de Distrito en procesos penales federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, dictó una sentencia absolutoria en favor de Gildardo López, quien operaba como jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Encinas Rodríguez reprochó que el juez Ventura Ramos determinó en su sentencia “que no existían elementos para acreditar el delito de delincuencia organizada, desestimó 44 pruebas en contra de ‘El Cabo Gil’ que buscaban acreditar el delito de secuestro, se circunscribió sólo en analizar 162 de los 772 tomos que forman parte de la averiguación y consideró que se había aplicado tortura, a pesar que la PGR aplicó el protocolo de Estambul y demostró que no había sido torturado”.
Consideró que esa resolución del juez “es un precedente muy grave, una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores de la desaparición forzada y lamentablemente no es el único caso; se ha sentado precedente para que se puedan establecer sentencias absolutorias a los demás implicados y fortalece una tendencia que ya se había venido aplicando con la libertad de otros detenidos en el caso de Ayotzinapa”.
Explicó que de septiembre del 2014 a agosto del 2018, se consignaron 169 personas vinculadas a esta desaparición forzada, “de las cuales fueron detenidas 142, particularmente civiles vinculados al cartel de GU, policías de Iguala y Cocula por delitos delincuencia organizada”.
Abundó que de los 142 detenidos, la extinta PGR procesó a 70 personas por el delito de secuestro de los normalistas, “a lo largo de estos años el proceso judicial contra estos detenidos, basados en 107 pruebas recabadas, sólo subsisten 44 de las 107 pruebas; a la fecha han sido liberados 53 presuntos delincuentes de los 142 detenidos y ahora con este precedente de la libertad absolutoria de Gildardo López Astudillo, existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos en este proceso”.
Señaló que la liberación de 53 presuntos delincuentes “evidencia una indebida integración de la investigación de las autoridades ministeriales basadas en irregularidades y graves violaciones a la ley; la mal llamada ‘verdad histórica’ se construyó en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura en beneficio de los perpetradores y en contra de las víctimas”.
Encinas Rodríguez aseveró que habiendo elementos “claros y suficientes para fincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos, la actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que con una muy laxa interpretación de la ley se pueda retirar los cargos que se les imputaron a los detenidos”.
E hizo un exhorto a la Fiscalía General de la República para que “reencauce la investigación, subsane las omisiones, permita una investigación diligente para deslindar responsabilidades de autoridades civiles en esta desaparición”.
Cuestionado respecto a la posibilidad de que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, puedan salir en libertad, Encinas Rodríguez aclaró que el primero de ellos está detenido por su probable responsabilidad en el homicidio del síndico Arturo Hernández Cardona y por ello descartó que recupere su libertad.
Anunció que acudirán a la FGR y el CJF a interponer “los recursos legales para que se inicie la investigación de funcionarios de FGR y jueces en el caso del Poder Judicial Federal para deslindar responsabilidades en estos casos en donde en lugar de garantizar el derecho a la Verdad y la Justicia de las víctimas se está generando un pacto para favorecer el silencio y la impunidad”.
Recordó que en el anterior sexenio, la Visitaduría de la PGR inició un procedimiento en contra de quien fuera director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, por su actuación indebida en este caso, y afirmó que derivará en el deslinde de responsabilidades, “no solamente contra él, sino contra los funcionarios responsables de haber alterado el debido proceso en esta investigación”.
Encinas Rodríguez advirtió que en cuanto se deslinden responsabilidades en la construcción de la llamada ‘verdad histórica’ que argumentó el extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, “va a alcanzar a todos los que construyeron este proceso”.
Y agregó que la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa “seguiremos en las diligencias que están en proceso y requerimos que la autoridad Judicial y la FGR hagan su trabajo y no permitan que esos hechos queden impunes”.