Isidro Bautista
El asunto del crimen de Armando Chavarría Barrera, ocurrido cuando éste fungía como presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, se parece al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En el primero van diez años de investigación, y en el segundo, casi cinco, a pesar de tanto papeleo del Ministerio Público de los dos fueros, que ya no cabe en sus archivos.
Indudablemente, ambos expedientes están sumamente manoseados.
El asesinato del político igualteco ya estuvo bajo investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) con un resultado en vano, de tal forma que ésta lo regresó al fuero común. Su familia pidió el martes pasado que lo vuelva a atraer la hoy Fiscalía General de la República, seguramente a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con Peña Nieto como presidente, la PGR, como si no hubiera movido ni un dedo, como tampoco esclareció lo de Ayotzinapa. López Obrador lleva casi nueve meses en el cargo, y la indagatoria de la masacre de los normalistas sigue en cero, pese a que instaló la comisión de la verdad, que convirtió en bandera de su campaña, y a que volvió a hacerlo compromiso ya como gobierno, en el mismísimo Iguala.
En la edición de ayer, el diario El País, en su nota encabezada como López Obrador, entre su percepción y la realidad, señaló que con AMLO como presidente “algunos de los programas sociales, creados por sus antecesores, también han sido eliminados, generalmente bajo el argumento de la sombra de la corrupción, pero sin que la acusación sea probada o algún funcionario público haya sido llevado ante la justicia”.
En cuanto al gobierno de Héctor Astudillo Flores, cayó como “no tan mal” la declaración de su entonces fiscal Xavier Olea Peláez en el sentido de que podría estar en la guerrilla el autor intelectual del crimen de Chavarría, que constituyó una de las tres famosas líneas de investigación hechas públicas durante el sexenio de Zeferino Torreblanca Galindo, quien todo hace indicar que no tuvo nada que ver con ese deceso.
Hasta donde se ha observado, Alberto López Rosas, en su carácter de procurador general de Justicia, dio mucho que desear, de modo tal que pudo haber ido a parar a prisión, pues generó falsas expectativas, al asegurar que envío personal ministerial a recabar las declaraciones de copartícipes o coautores materiales del hecho. No hubo registro de ello ni a nivel institucional (archivos de la PGJ), ni en los establecimientos penitenciaros respectivos. Pudo haber sido consignado por omisión, por obstruir la administración de justicia.
Como aquí hace tres años un servidor hizo referencia, apareció en el periódico El Sur la nota con el encabezado de Zeferino fue señalado por el comandante Zamora Rojo, confirma el exprocurador López Rosas, en la que éste “confirmó que el comandante de la Policía Ministerial Trinidad Zamora Rojo declaró ante el Ministerio Público” que Torreblanca Galindo ordenó el homicidio.
Hasta donde se supo, nunca el comandante hoy finado rindió declaración ministerial. El mismo López Rosas se habría visto obligado a confesar después que las declaraciones mencionadas en esa nota, le fueran hechas en forma verbal por su entonces subalterno, y si se leen detenidamente se notará que éste no manifestó el nombre del exgobernador, sino solamente que “un alto funcionario del gobierno del estado”, y “alto funcionario del gobierno del estado” hubo o son muchos.
¿Por qué hasta que Iñaki Blanco Cabrera, entonces procurador general de Justicia, lo sentó a comparecer legalmente, en septiembre de 2014, aquél confesó que no existía, en efecto, declaración ministerial del policía aludido?
¿Qué lo habrá motivado a hacer públicas las según declaraciones verbales del policía hoy fallecido?
Al igual que el caso Ayotzinapa, el homicidio de Chavarría merece ser esclarecido plenamente, ahora que llegó la 4 Transformación. A ver si de veras ambos asuntos terminan como toda película. Guerrero y México merecen saber la verdad, conocer el desenlace… pero de la vida real.
isidro_bautista@hotmail.com