Por Raúl Salgado Leyva
La jubilación es el acto administrativo por el cual un trabajador en activo pasa a una situación en pasivo o inactividad laboral después de haber cumplido la edad o los suficientes años requeridos por la ley. Los pensionados son aquellos que, por incapacidad física o crónica, pasan a ese estado, aunque parcialmente, teniendo un determinado número de años de actividad laboral, igualmente señalados por la normatividad.
El antecedente más antiguo sobre seguridad social en México fue de inválidos establecidos por el general Vicente Guerrero (referente histórico de un guerrero con calidad humana) a través de la expedición del Decreto del 21 de septiembre de 1829. Posteriormente la Constitución de 1917 contempló en el artículo 123 los asuntos sobre este importante beneficio.
En 1929 se crea a nivel nacional la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro, con el objetivo de brindar protección a los trabajadores.
La complejidad del sistema de pensiones se empieza a advertir al medir la “esperanza de vida” del ser humano. En 1930 se fijaba a los 34 años, en 2015 se elevó a 75; es decir, a ese ritmo en 2050 una cuarta parte de la población estará por arriba de los 65 años.
No existe universalidad en la observancia de este sistema, ya que a nivel nacional operan indistintamente el del ISSSTE, IMSS, Pemex, Sindicato de Trabajadores Electricistas y otros. También en cada una de las entidades del país se observa un variado mosaico, muy diversificado y con evidentes desuniformidades.
Particularmente el ISSSTE viene arrastrando desde hace varias décadas un claro nivel deficitario, situación que lo ha llevado a la quiebra y prácticamente el Gobierno de la Republica está haciendo frente a este delicado y creciente problema, pagando mensualmente una cada vez más elevada nómina.
En el caso del ISSSPEG, Instituto de los Trabajadores al Servicio del Estado de Guerrero, su situación financiera se ha venido agudizando en los últimos 5 años; sus ingresos por concepto de aportación de cuotas del patrón y del trabajador han quedado en claro rezago ante la falta de liquidez, y el elevado número de trabajadores que han llegado a la edad y al cumplimiento del periodo de antigüedad suficiente, y que por consecuencia han venido agotando los fondos de garantía de esta Institución.
Más de 3,500 jubilados y aproximadamente 1,500 pensionados, hacen complicadísimo para el ISSSPEG el pago oportuno a los beneficiarios, independientemente de que cerca de 500 casos estén en espera de ser subidos a nómina.
Lo más grave ha sido la indolente y criminal actitud de algunos ex y actuales presidentes municipales y directivos de organismos autónomos, quienes han venido desatendiendo irresponsablemente la entrega de las cuotas patronales y, lo más reprobable, también aquellas aportaciones que son descontadas a los propios trabajadores por concepto de cuotas y por reintegros parciales de Préstamos a Corto Plazo obtenidos por los propios trabajadores, otorgados por el ISSSPEG y que, reiteramos, han sido religiosamente descontados a los trabajadores.
Era evidentemente advertible que en determinado plazo sería insostenible que los fondos e ingresos ordinarios pudieran corresponder a la alta demanda de pensiones y jubilaciones, sobre todo cuando los tiempos se han venido encima y no se han tomado las providencias necesarias, ante la dinámica que este fenómeno presenta.
Los altos adeudos que diversas instituciones tienen y no se han integrado al ISSSPEG, resultan ser de urgente solución. No puede seguir la práctica abominable de presidentes municipales o directivos de organismos que concluyen sus encargos y cínicamente dejan de cumplir con su obligación de entregar las cuotas al ISSSPEG.
La participación emergente del Gobierno del Estado ha impedido el colapso del ISSSPEG, pero difícilmente podrá continuarse en esa ruta, en tanto que la irresponsabilidad continúe prevaleciendo.
No debe admitirse que la impunidad siga campeando cuando hay más de 700 millones de pesos de adeudos, provocados por la negligente irresponsabilidad de quienes han dañado criminalmente a esta generosa Institución.
Es inaplazable que la Fiscalía General del Estado actúe para dar respuesta inmediata a las demandas judiciales interpuestas por los directivos del ISSSPEG en contra de los que han afectado el patrimonio de los trabajadores burócratas y exigir el resarcimiento del daño.
Es también oportuno y necesario hacer un llamado al Congreso del Estado para que asuma con energía su responsabilidad y llame a cuentas a todos los involucrados, anteriores y actuales, en el colapso financiero del ISSSPEG, para exigir su regularización, y realizar con urgencia la revisión de las leyes que regulan este beneficio.
La urgencia de encarar con prontitud este gravísimo problema está a la vista. Actuemos hoy, para no lamentarnos después.