* Rubén Cayetano acusa a los miembros de la Comisión Permanente y de la Junta de Coordinación Política por abandonar el cargo, por tomarse 3 semanas de vacaciones
Carlos Navarrete
El diputado federal por Morena, Rubén Cayetano García, presentó una demanda de juicio político en contra de los diputados que integran la Comisión Permanente y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, acusándolos de abandono del cargo, luego de que se autorizaron tres semanas de descanso.
Su intención, aseguró, es que sean destituidos y se llame de inmediato a sus suplentes para que asuman el cargo y se ofrezca “una nueva alternativa política” al Congreso de Guerrero, donde los diputados de Morena son mayoría.
Ayer al mediodía, Cayetano García ofreció una conferencia de prensa en la sede del Congreso para informar que acudió al área jurídica donde inició el trámite de juicio político en contra de 27 diputados (10 de Morena, siete del PRI, cinco del PRD, dos del PVEM y uno del PT, PAN y Movimiento Ciudadano).
Explicó que la razón es el descanso injustificado de 21 días que se tomaron tanto los propietarios como los suplentes de la Comisión Permanente, así como los integrantes de la Jucopo —que preside Antonio Helguera Jiménez, coordinador de la bancada de Morena— en el actual periodo de receso, pese a que hay temas pendientes por resolver, como la elección del nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y de un integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
El pasado 17 de julio fue la última sesión de la Comisión Permanente, y en esa ocasión la presidenta de la Mesa Directiva, Verónica Muñoz Parra, convocó a los diputados hasta el 7 de agosto próximo, otorgándose así tres semanas de descanso.
Al respecto, Cayetano García recordó que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión Permanente tiene la obligación de sesionar, al menos, una vez a la quincena, para que las funciones del Congreso no se abandonen ni generen una parálisis, ausencia o vacío en uno de los poderes del Estado.
“Ninguna Comisión Permanente legalmente instalada había rebasado jamás los 15 días para sesionar y atender la agenda del Poder Legislativo del Estado, sin embargo es el caso de que, quienes son sujetos de juicio político, incurrieron en flagrante desacato a dichas obligaciones inherentes al cargo de responsabilidad popular que ostentan”, argumentó.
Aseguró que los legisladores locales han violado las constituciones federal y estatal, y una serie de leyes que de ellas emanan, al abandonar su responsabilidad pública que, afirmó, se traduce en omisiones y la evasión de sus responsabilidades políticas.
El legislador federal manifestó que el Congreso de Guerrero es uno de los más improductivos del país y como ejemplo refirió que la actual legislatura rompió con el mandato de aprobar el presupuesto dentro del plazo que establece la ley; además de que “sin un reclamo o movimiento violento o radical” de sus trabajadores, decidió cambiar la sede del Congreso durante el último paro laboral que realizó el personal sindicalizado.
“En los hechos, con el comportamiento de los legisladores acusados, no sólo se desertó del cargo y se soslayaron las constituciones, sino que se desampararon las funciones del legislativo y se creó un desgobierno que deja la representación popular en desatención e indefensión perjudicial para el pueblo de Guerrero y la democracia, suficiente argumento para que les sea revocado el cargo como legisladores”, afirmó.
También criticó que, “en plena política de austeridad republicana”, implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la actual legislatura compró un “innecesario” sistema de votación electrónico que a la fecha no ha funcionado.
“En los tiempos de cambio que se viven con esperanza en el país, actuar de la manera en que se actúa es políticamente imperdonable, porque la percepción de los ciudadanos y electores es de decepción, se causa desilusión y es cuando se pone en riesgo la democracia, porque se incide negativamente en la gente y ese poder de votar de forma libre y auténtica, se traiciona”, señaló.
Dijo que ningún diputado, de ningún partido político, se opuso al “descanso inmerecido”, llevando sus posturas en conferencias de prensa y comunicados de prensa, pero dejando “huérfana” la tribuna del Congreso, además aseguró que el debate parlamentario “ha muerto”.
“En conclusión los integrantes de la Comisión Permanente, Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política de la Legislatura vigente de Guerrero, no merecen más la representación popular concedida democráticamente el 1° de julio de 2018 por el pueblo, han soslayado los más altos principios democráticos y deben ser destituidos para que sean llamados sus suplentes”, explicó.
Cayetano García recordó además que en la entidad hay actualmente bloqueos e inconformidades de organizaciones campesinas, así como in problema grave de violencia, y movimientos como el del colectivo Madres Igualtecas, que buscan en fosas a sus desaparecidos, además de las familias que han sido desplazadas de sus comunidades, entre otros temas sobre los que el Congreso no está debatiendo ni exhortando.
“Se abortó la vida parlamentaria, no hay contrapeso frente a los otros poderes Ejecutivo y Judicial, no se merecen estar ahí, deben ser revocados, porque entre otras razones no devengan sus emolumentos”, dijo.
Los diputados en contra de quienes solicitó el juicio político son Verónica Muñoz Parra, Norma Otilia Hernández Martínez, Perla Edith Martínez Ríos, Adalid Pérez Galeana, Aracely Alhelí Alvarado González, Bernardo Ortega Jiménez, Eunice Monzón García, Nilsan Hilario Mendoza, Heriberto Huicochea Vázquez y Arturo Martínez Núñez.
También Héctor Ocampo Arcos, Alfredo Sánchez Esquivel, Dimna Salgado Apátiga, Mariana García Guillén, Antonio Helguera Jiménez, Ólaguer Hernández Flores, Ossiel Pacheco Salas, Alicia Zamora Villalva, Erika Valencia Cardona, Fabiola Rafael Dircio, Jesús Villanueva Vega, Héctor Apreza Patrón, Celestino Cesáreo Guzmán, Manuel Quiñonez Cortés, Leticia Mosso Hernández, Guadalupe González Suástegui y Arturo López Sugía.
El diputado federal aclaró que su actuación no es de carácter partidario, sino de responsabilidad pública, y negó que tenga que ver con la división interna que enfrenta Morena.
Se le preguntó si confiaba en que el Congreso atenderá la petición de juicio político que promovió en contra de sus propios integrantes. Al respecto dijo que es su deber darle el trámite correspondiente, independientemente de que sean “juez y parte”.
Advirtió que en caso de que el juicio no prospere en el Congreso, recurrirá a otras instancias. “yo no voy a consentir que se burlen de una acción que está establecida en la Constitución”.
-¿Esto no marca un distanciamiento entre usted y los diputados de Morena?-
-Ratifico, mis afectos y mis coincidencias ideológicas no están por encima del interés supremo del pueblo de Guerrero, yo soy representante popular, juré cumplir y hacer cumplir la constitución del país. Además dijimos cuando presentamos el proyecto alternativo de nación, que íbamos a cambiar la forma de hacer política.