* El organismo informó que durante la investigación por la desaparición de 43 normalistas, identificó “irregularidades penales y administrativas cometidas por servidores públicos”
ALONDRA GARCÍA
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), reveló ayer que presentó denuncias penales y administrativas contra 375 funcionarios federales y estatales, por violaciones graves a los derechos humanos en el Caso Ayotzinapa.
Vía comunicado, la CNDH informó que se presentaron seis denuncias penales contra 235 funcionarios y 12 denuncias administrativas contra 140 personas del servicio público.
Las denuncias derivan de la Recomendación 15VG/2018 emitida por el organismo nacional en torno a los ataques armados que sufrieron los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, que dejaron como saldo seis personas muertas y 43 normalistas desaparecidos.
La CNDH informó que presentó las denuncias ante las autoridades facultadas para determinar la comisión de delitos y la responsabilidad administrativa de dichas personas.
El organismo aportó la Recomendación y las evidencias que derivan de sus investigaciones, para que las autoridades competentes desarrollen las actuaciones que legalmente les corresponden y determinen lo que proceda conforme a derecho.
Las denuncias penales fueron presentadas el 22 de junio pasado ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Respecto a las denuncias administrativas contra funcionarios, por el incumplimiento de sus obligaciones en la investigación, se informó que siete se presentaron ante la Secretaría de la Función Pública y una ante cada una de las siguientes instancias: Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, órgano Interno de control en la Secretaría de Seguridad del Estado de México, Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Contraloría Interna de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud del Estado de Guerrero, Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
De los 235 funcionarios denunciados penalmente, la CNDH encontró que 82 son del orden federal y 34 del estatal que participaron en la investigación ministerial, realizaron actos u omisiones en el proceso, posiblemente constitutivos de delitos.
En su comunicado, el organismo destacó la denuncia penal que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) por acciones u omisiones posiblemente constitutivas de delito que fueron identificadas por la CNDH en la incursión de personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), con el detenido Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, en las inmediaciones del río San Juan, de Cocula, Guerrero, el 28 de octubre de 2014, que están detalladas en el Apartado 31 de la Recomendación 15VG/2018.
Destacó las dos denuncias penales contra personal de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y de la entonces PGR, por no realizar oportunamente diligencia alguna de investigación relacionada con los autobuses ‘Costa Line’ 2513 y ‘Estrella Roja’ 3278, utilizados por los normalistas y cuyos aspectos están en el apartado 10 de la referida Recomendación.
Un total de 119 personas servidoras públicas –114 del orden federal y 5 del estatal— fueron denunciadas por participar en actos de tortura, trato cruel, inhumano y/o degradante, detención arbitraria y otras violaciones en los 65 casos en que la CNDH acreditó violaciones a derechos humanos a los inculpados en este caso y también a ellos se les denunció por la vía administrativa.
Respecto del caso del señor Carlos Canto Salgado, con las pruebas que la CNDH contaba acreditó que fue víctima de violaciones a sus derechos humanos por detención arbitraria, dilación en la puesta a disposición ante la autoridad ministerial y trato cruel, inhumano y/o degradante, por parte agentes de la Policía Federal Ministerial de la entonces PGR y personal de la Secretaría de Marina.
Sin embargo, la CNDH conoció el pasado 21 de junio el video difundido por diversos medios de comunicación, donde se observa que dicha persona fue sometida a actos de tortura, por lo cual dicho material que constituye prueba superveniente fue incorporado al expediente y, en consecuencia, se presentó la correspondiente denuncia penal ante la FGR por actos de tortura, para que tales actos sean investigados hasta sus últimas consecuencias y se deslinden las responsabilidades del caso, para lo cual aportó un dictamen en materia criminalística y una opinión técnica médico-psicológica.
Respecto de lo que esa persona narra, podría guardar relación y congruencia con la ruta de desaparición adicional de los normalistas descubierta por la CNDH que parte del Puente del Chipote de Iguala y que fue expuesta en su Reporte Preliminar del 14 de abril de 2016, lo que deberá ser determinado y confirmado por la FGR.
La CNDH consideró que lo dicho por Carlos Canto Salgado en ese video va en el sentido de su recomendación.
De las 140 personas del servicio público denunciadas por faltas administrativas –131 del orden federal y 9 del estatal—, la autoridad competente determinará la responsabilidad de cada una.
Entre las denuncias aludidas, está la presentada contra el personal policial a cargo de la estación Iguala de la Policía Federal y de dos agentes de dicha corporación, por participar en la desaparición de un grupo de normalistas en el Puente del Chipote y por incumplir su obligación de prestar auxilio a las víctimas y no preservar el lugar y los indicios, huellas o vestigios de los hechos delictuosos.
También se les denunció por incumplimiento de los Deberes del Régimen Disciplinario ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal.
La CNDH presentó, asimismo, denuncia administrativa contra personal adscrito a la entonces Dirección General del Sistema Estatal de Información Policial, dependiente en ese entonces del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por incumplimiento de sus obligaciones en el desempeño de sus funciones, pues quedó establecido que de las 25 cámaras de vigilancia instaladas en la ciudad de Iguala sólo funcionaban cuatro.