* La diputada Mariana García presentó una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado y así combatir la corrupción en el gobierno
Gilberto Guzmán
La diputada local por Morena, Mariana García Guillén, presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero, para establecer sanciones de hasta diez años de inhabilitación, y cuando se trate de casos graves, que sea definitiva, para no poder desempeñar cargos públicos ni participar en la contratación de compras u obras gubernamentales, contra servidores públicos que hayan sido condenados por actos de corrupción.
En la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, la diputada dijo que el Congreso de Guerrero debe trabajar en el combate a la corrupción, y argumentó que el nuevo gobierno le apuesta a la remodelación institucional, a la rendición de cuentas, a los contrapesos, a la democracia y honestidad.
“Para componer lo que echaron a perder estamos obligados a frenar el gasto de dinero público a manos llenas en medio de fallas, equivocaciones y actos de corrupción tan escandalosos como el de Javier Duarte”, dijo sobre el exgobernador de Veracruz.
Mariana García —quien fue funcionaria en el gobierno de Ángel Aguirre— también lamentó que casos como los de los gobernadores Guillermo Padrés Elías, en Sonora, y César Duarte Jáquez, en Chihuahua, que hasta ahora no han sido sancionados, por lo que no descartó que esta iniciativa permitirá un servicio público con honestidad, ética y moralidad.
La iniciativa que presentó este miércoles la diputada morenista, pretende establecer la figura de inhabilitación permanente por actos de corrupción, la cual garantizará que cualquier servidor público que sea sancionado por hechos de corrupción no pueda volver a acceder a un cargo de elección popular o desempeñarse como servidor público en cualquier empleo o comisión de la administración pública estatal. Además se establece que los particulares que sean sancionados por los mismos hechos no puedan participar en posteriores procesos de adquisiciones en la administración pública.
La diputada morenista agregó que con ello se podría cambiar la percepción que los guerrerenses tienen sobre la corrupción en el estado, pues de acuerdo a estadísticas realizadas por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (Imco), el Estado de Guerrero ocupa el cuarto lugar respecto a la percepción de corrupción y el segundo lugar en la calidad de transparencia.
García Guillén manifestó que actualmente la corrupción se ha vuelto tan común, tan constante, tan normal, tolerada, inducida y protegida.
Por ello aseguró que con esta iniciativa nunca más habrá un Javier Duarte, un Guillermo Padrés, un César Duarte o un Tomás Yarrington.
“Que los corruptos no vuelvan a estar en una boleta electoral, no accedan a ningún cargo por dedazo ni tengan negocios licitados y acordados con el gobierno; no importa el monto o la ofensa, ahora por cualquier acto de corrupción podrán ser inhabilitados de por vida”, subrayó García.