* El exgobernador dijo que pocos lo tienen presente, “pero logramos localizar a 68 jóvenes normalistas que pudieron correr la misma suerte de sus compañeros desaparecidos”

ALONDRA GARCÍA

El exgobernador Ángel Aguirre Rivero aseguró que si su gobierno no hubiese actuado de manera oportuna, la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, serían 111 los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y no 43.
El exmandatario estatal se reunió con los padres de los 43 normalistas desaparecidos durante su mandato, el martes pasado, luego de ser convocado por el subsecretario de Población, Migración y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, como parte de los trabajos de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa.
El encuentro se realizó el martes 25 de junio, pero el exgobernador guardó silencio hasta este sábado, cuando compartió un mensaje en sus redes sociales en el que dio algunos detalles sobre este primer diálogo con los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Aguirre Rivero reveló que en la reunión habló “de frente y sin rodeos” con los padres de familia, les explicó la actuación de su gobierno y se comprometió a aportar a la Fiscalía Especial toda la información que esté a su alcance para dar con el paradero de los jóvenes.
Les explicó que su gobierno actuó de inmediato, tan pronto tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
Ese día “hicimos lo que correspondía”, explicó el exgobernador, quien añadió que “establecimos un operativo de búsqueda y rescate a partir de las tres de la mañana del 27 de septiembre, que concluyó aproximadamente a las seis de la mañana”.
Destacó que “esto es algo que pocos tienen presente, pero logramos localizar a 68 jóvenes normalistas que pudieron correr la misma suerte de sus compañeros desaparecidos, ya que la policía municipal, en especial el grupo denominado Los Bélicos, los estaban cazando”.
Aguirre Rivero aseveró que “de no asistirlos (a los jóvenes) como se hizo, la cifra hubiera sido de 111 estudiantes desaparecidos” y no de 43.
Señaló que hay testigos, porque los habitantes de Iguala se dieron cuenta de la movilización, y además consta en los expedientes de la investigación.
El exgobernador les expuso que el entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Iñaki Blanco Cabrera, “tomó la decisión de concentrar y desarmar a 300 elementos” de la policía municipal, tras conocer de su participación en los ataques armados contra los normalistas de Ayotzinapa.
Después de tomarles declaración ministerial se consignó a 33 policías, quienes hasta el día de hoy se encuentran recluidos y el Alto Comisionado de la ONU en México reconoció que no hubo tortura para obtener sus confesiones.
Aguirre Rivero dijo que también les expuso a los padres de los 43 normalistas que en los días posteriores a los hechos se realizó un operativo de búsqueda y rescate que se mantuvo hasta el 23 de octubre, fecha en que se separó del cargo de gobernador.
Les indicó que informó a la Federación de éstas y otras acciones, aunque el gobierno federal que presidía el priísta Enrique Peña Nieto consideró que se trataba de “hechos locales”.
Aguirre Rivero les comentó a los padres de los 43 su opinión respecto a las nuevas investigaciones que realizará el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Fiscalía Especial que se conformó para ello.
Consideró que en esta nueva etapa de investigación es importante que sean convocados quienes tenían alguna responsabilidad pública durante los días previos y posteriores a los hechos, incluso los que estuvieron al frente de las investigaciones en el gobierno federal.
El exgobernador señaló que “hay muchas preguntas que responder”, entre ellas por qué Luis Videgaray, Aurelio Nuño y Miguel Ángel Osorio Chong recomendaron al presidente Peña Nieto que no interviniera en las siguientes horas y días de los acontecimientos, con el argumento de que se trataba de un asunto local.
Subrayó que esa decisión provocó que el entonces presidente nunca escuchara su versión de lo ocurrido.
También consideró importante conocer de qué información disponen quienes eran comandantes del Batallón de Iguala y de la Zona Militar Regional, al igual que el seguimiento por parte del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que entonces dirigía Eugenio Ímaz.
Además, dijo que es prioritario conocer qué actividades realizó el destacamento de la Policía Federal en Iguala, en auxilio de los jóvenes de Ayotzinapa.
Aguirre Rivero cuestionó “hasta cuándo se descubrirá el velo que cubre a ese personaje conocido como El Patrón”, quien según el informe de la CNDH, es clave para entender lo sucedido esa noche.
Asimismo, cuestionó por qué la Segob se negó a proporcionar copias de las minutas que se levantaron en las diversas reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero en las que se exponían los problemas de Iguala en materia de seguridad, pues consideró que con ellas “se habrán de dilucidar muchos temas”.
Otra pregunta que lanzó fue qué relación guardaba el entonces director de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa con posibles grupos delictivos infiltrados en el plantel, según reveló el informe de la CNDH.
El exgobernador consideró que se debe investigar la posibilidad de que los normalistas desaparecidos hayan sido trasladados a Huitzuco y a Mezcala.
Además, pidió indagar quiénes promovieron la candidatura de José Luis Abarca Velázquez a la alcaldía de Iguala y por qué el PRD lo respaldó cuando eran del dominio público sus posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Aguirre Rivero cerró su mensaje en redes sociales con la siguiente frase: “El que nada debe, nada teme. La verdad y la justicia no pueden ser moneda de cambio para complacer a un grupo”.