* Antonio Gaspar pidió que los movimientos sindicales sean menos radicales y no afecten los ingresos del Ayuntamiento
Gilberto Guzmán
El alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, informó que los tres paros laborales que se han registrado en lo que va de la administración han provocado la pérdida de 10 millones de pesos en materia de recaudación, por lo que pidió a los trabajadores que mantienen tomado el edificio del Ayuntamiento, mostrar mayor compromiso con el gobierno municipal, que representa la principal fuente de ingresos para sus familias.
En entrevista, acompañado de la secretaria de Administración y Finanzas, Guri Carmen Zuluaga Huerta, el alcalde hizo un exhorto a los trabajadores de la Sección 28 del SUSPEG que se encuentran en paro laboral, a no seguir afectando el centro de los ingresos propios del gobierno municipal.
Afirmó que el paro laboral lastima no al alcalde ni al área de Finanzas, sino a quienes se benefician con los ingresos propios del municipio, que son las comunidades, las colonias populares y la gente que se acerca a solicitar algún apoyo económico para solventar alguna emergencia, principalmente de salud.
“En lo que llevamos de la administración, un dato que alarma en verdad, ha habido una merma económica al erario por más de 10 millones de pesos, como consecuencia de los movimientos sindicales y paros laborales”, afirmó el alcalde.
Explicó que esa disminución en la captación de recursos se debe a que el Ayuntamiento ha permanecido tomado durante 39 días en tres protestas sindicales, y que los trabajadores no han sido conscientes de que lo que se está afectando son lo ingresos municipales y que a la larga se va a generar una repercusión porque cuando se tengan que pagar prestaciones de fin de año y aguinaldos, esos recursos que ya no ingresaron harán falta.
El alcalde reiteró que a la Sección 28 del SUSPEG, que demanda un aumento del 10 por ciento al salario, el gobierno municipal sólo puede ofrecerle el 3 por ciento, que es lo que permite y obliga la Ley de Disciplina Fiscal.
“Hacemos un llamado al diálogo, pero acompañado con responsabilidad, con objetividad, con las limitaciones presupuestales en las que hoy nos encontramos; ojalá que los movimientos sindicales sean menos radicales, que no afecten los ingresos municipales, porque los últimos tres movimientos sindicales que ha habido han costado más de 10 millones de pesos al municipio”, comentó.
Toño Gaspar expuso que la postura de los líderes sindicales es que si el año pasado la administración del priista Marco Antonio Leyva Mena les autorizó un aumento salarial del 10 por ciento, hoy no pueden pedir menos de ese porcentaje porque implicaría ir hacia atrás de su lucha sindical.
“Lo que yo he sido muy puntal con ellos es en reconocerles que los incrementos que se le dieron sin techo presupuestal, lo que hicieron fue engordar el déficit que hoy tenemos, que es por 240 millones de pesos al año, con los cuales caminamos y que hemos tenido que apoyarnos en otros rubros para poder pagar el total de la nómina”.
Además, dijo que la propuesta de modificación a la Ley de Ingresos del Ayuntamiento y el convenio con el Gobierno del Estado para el cobro del impuesto predial entraría en vigor el próximo año, para poder abatir el déficit de 240 millones de pesos y quedarse únicamente con el déficit interno de 180 millones de pesos.
Advirtió que el incremento salarial que se pueda otorgar a los trabajadores sería parejo para todos, porque no se va a negociar un incremento con un sindicato y otro incremento con otro.
“Hemos sido puntuales en señalar que esos tiempos son parte de las políticas del pasado, en donde había privilegios para ciertos trabajadores, hoy el incremento que se les dé va a ser parejo porque hay una nómina de 3,200 trabajadores que implica una erogación mensual de 32 millones de pesos y si se aumenta el 10 por ciento al salario base, tendría que llegar a más de 40 millones de pesos y se incrementaría el déficit en más de 120 millones de pesos más al que ya tenemos”, explicó.
De ser así, dijo que se generaría insolvencia para pagar los salarios con incrementos, aunado al gasto de las prestaciones de fin de año, “si actualmente necesitamos cerca de 80 millones de pesos para aguinaldos, con este incremento estaríamos necesitando cerca de 100 millones de pesos y no habría cómo pagarles”.
Agregó que recurrirá al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para que intervenga como árbitro de esta situación, porque muchos movimientos sindicales están fuera de la legalidad debido a que para la toma de un edificio o un paro de labores debe tener conocimiento el tribunal.
“Hemos sido muy tolerantes, somos un gobierno de izquierda, que está con la base trabajadora pero también tenemos la obligación y la responsabilidad de hablar con transparencia y con honestidad”, subrayó Toño Gaspar.