* Constantino Calvario denunció que en febrero de 2005, comunitarios de la CRAC asesinaron a 4 hombres y a una mujer embarazada en su pueblo, y aunque hay órdenes de aprehensión, no han sido detenidos

JESÚS SAAVEDRA

Habitantes de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se ejecuten las 64 órdenes de aprehensión que hay en contra habitantes de Rincón de Chautla, por los asesinatos de cuatro hombres y una mujer embarazada ocurridos en febrero del 2005.
Los habitantes de esa comunidad dieron una conferencia de prensa este miércoles para insistir que los habitantes de Rincón de Chautla, que con afiliados a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), se “victimizan” cuando en realidad son delincuentes.
Constantino Calvario Merino, de San Jerónimo Palantla, y Bonifacio Xochitempa Tlalcintla, de Laguna Seca, negaron que ellos sean parte del grupo Paz y Justicia, de los que acusan los habitantes de Rincón de Chautla de pertenecer al grupo criminal de Los Ardillos.
Calvario Merino recordó que en febrero del 2005 un grupo de habitantes de la comunidad de Rincón de Chautla “llegaron a la comisaría municipal de nuestro pueblo y nos tirotearon, mataron de manera artera a cuatro mujeres y una mujer embarazada, y no podemos dejar las cosas así”.
Señaló que desde hace 14 años han estado demandando que se haga justicia y que se cumpla lo que arrojó la averiguación previa que se inició por esos crímenes, y que determinó que se debía ejecutar 64 órdenes de aprehensión en contra de habitantes de esa comunidad, los cuales dijeron ya están debidamente identificados.
Denunció que los dirigentes de la comunidad de Rincón de Chautla han establecido una estrategia a través de “presiones a las autoridades y por ello están pidiendo que se cancelen esas órdenes de aprehensión, en lo cual no estamos de acuerdo”.
Acusaron al dirigente de la CRAC-PF de San Luis Acatlán, Cirino Plácido Valerio, de ser el responsable de la ola de violencia en esa zona de la Montaña baja de Guerrero, por haber causado la división en esas comunidades de la zona, cuando viene de otra región distinta.
Bonifacio Xochitempa Tlalcintla demandó que las autoridades “tomen cartas en el asunto y que se ejecuten las órdenes de aprehensión, pero además estamos exigiendo centros de salud, caminos, escuelas y maestros”.
Demandaron a las autoridades que actúen de manera imparcial, tanto en la atención a las comunidades, como en la aplicación de las órdenes de aprehensión que hay por la violencia que se ha generado en esa zona.