* Denunciaron que el Mecanismo de Protección a Periodistas del gobierno federal los ha ignorado por completo
Jesús Saavedra
Los reporteros Bernardo Torres Morales y Juan Blanco Alejo acudieron a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer una denuncia por el robo a mano armada del que fueron objeto hace un par de semanas, en el centro de esta capital.
Los dos reporteros decidieron presentar este escrito y ratificar una denuncia en la FGR, ante la desatención del Mecanismo de Protección a Periodistas del gobierno federal y también de organizaciones de reporteros como Artículo 19, quienes a pesar de tener conocimiento del caso no han intervenido de manera directa.
En la denuncia informaron que el pasado martes 14 de mayo acudieron a una cobertura periodística al inicio de la Brigada de Búsqueda que realizaron los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa ‘Raúl Isidro Burgos’, en Iguala.
Señalaron que cuando regresaban al domicilio de Bernardo Torres, en la calle 5 de Mayo, esquina con Doctor Liceaga, ya en Chilpancingo, fueron asaltados por dos personas armadas que los estaban esperando ese lugar.
“Los asaltantes exigieron que le entregáramos nuestros teléfonos celulares, que nos obligó a desbloquear, posteriormente nos pidió con insistencia los nombres completos y de dónde éramos originarios, a lo que no respondimos”, señalaron en su denuncia.
Revelaron que los asaltantes los interrogaron durante más de 10 minutos “y al final nos pidieron las carteras y objetos que llevábamos en las bolsas de los pantalones; de manera extraña, no revisaron mi mochila, donde llevaba otros objetos de valor, y centraron su atención a los teléfonos y nuestras identificaciones personales”, dijo uno de ellos.
Los dos periodistas entregaron un escrito en una Mesa de Atención Inmediata en la delegación de la FGR y posteriormente ratificaron la denuncia ante un Ministerio Público que levantó una carpeta de investigación.
Ahora estarán a la espera de que se turne a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos en Agravio de la Libertad de Expresión (Feadle), para que se establezca lo que siga en el procedimiento jurídico.