* El abogado Manuel Olivares denunció más de 70 familias desplazadas por la violencia protestarán en la Ciudad de México porque la Secretaría de Gobernación se comprometió a darles apoyo económico, pero 2 meses después no les han dado ni un peso
* Tampoco se han instalado los filtros de seguridad para que quienes viven en Chichihualco no vuelvan a ser víctimas de los policías comunitarios de Tlacotepec, señaló
Jesús Saavedra
CHICHIHUALCO.— Las familias que huyeron de sus comunidades de la Sierra de Leonardo Bravo, debido a la violencia provocada por civiles armados, denunciaron que el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido el compromiso de apoyarlos con recursos para pagar renta y víveres, luego de que estuvieron en plantón afuera del Palacio Nacional en la Ciudad de México entre febrero y marzo.
Recordaron que hace dos meses firmaron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) un minuta de acuerdos en la que se les prometió el pago de una renta de 3 mil pesos y apoyo para compra de víveres por un monto de 4 mil pesos mensuales, mientras el gobierno federal establecía las condiciones para que regresen a sus pueblos.
Sin embargo, dos meses después la Segob no les ha cumplido y por esa razón se reunieron en el kiosco de esta cabecera municipal, en donde decidieron armar un plan de protestas ante el incumplimiento del gobierno de López Obrador.
Al mediodía ofrecieron una conferencia de prensa, en la que el abogado del Centro de Derechos Humanos ‘José María Morelos y Pavón’, Manuel Olivares Hernández, informó que este martes se cumplieron dos meses desde que levantaron el plantón que mantuvieron durante 38 días frente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, sin que el presidente López Obrador los recibiera en audiencia.
Recordó que ese plantón se levantó luego que firmaron una minuta con funcionarios de la Segob; “es necesario decirle al gobierno que el hecho de mantenernos es una muestra de seguir luchando por regresar a sus comunidades, es una muestra que es un movimiento vivo que es en representación de las familias desplazadas del país, este problema debe ser atendido”, señaló.
Manuel Olivares recordó que uno de acuerdos que suscribieron con el subsecretario en Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, establecía que la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal iba a instalar puestos de vigilancia en el camino con dirección a la Sierra, en El Naranjo; en el crucero de El Carrizal, en la Sierra de Chichihualco, y en la carretera que comunica a Chilpancingo, en el punto conocido como La Quebradora.
Lamentó que ese acuerdo “es el más importante y no se ha cumplido” hasta ahora, porque “el problema de la inseguridad mantiene a las familias con temor por amenazas del grupo delincuencial que tomó sus comunidades”.
El activista advirtió que los integrantes de la policía comunitaria de Tlacotepec, que irrumpieron en noviembre pasado en sus comunidades, “pretenden aniquilar a los líderes de estas familias”, por lo que “es preocupante que el gobierno federal y estatal no cumpla y no tenga la voluntad de hacerlo”.
Dijo que igual se estableció el compromiso de levantar un censo de las familias desplazadas para incorporarlos al Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); “se hizo este censo pero no se ha cumplido con la entrega de los apoyos para la renta y alimentación de esas familias”.
Denunció que el apoyo que ofreció el gobierno federal se ha incumplido en dos ocasiones; “ahora nos dicen que esta semana esperan que ya esté el pago. Que cumplan cuando quieran, porque estas familias han decidido salir a protestar y hacer toma de casetas de cobro de la Autopista del Sol”.
Señalaron que el gobierno de López Obrador se comprometió que en tres meses se iban a generar condiciones de seguridad para el retorno de esas familias a sus hogares en la Sierra, “pero no tienen voluntad para gestionar audiencia con Alfonso Durazo para establecer la estrategia que se va a desplegar”.
Lamentó además que el gobierno del estado, “desde que nos fuimos a México, se deslindaron de las familias desplazadas, necesitamos mayor participación del gobernador con estas familias de Guerrero”.
Uno de los dirigentes de las familias desplazadas, Cresencio Pacheco González, quien vivía en Campo de Aviación, dijo que afectados por el desplazamiento forzado “no tenemos necesidad de salir a protestar en las casetas o a las calles si cumplieran los acuerdos que se firmaron con el gobierno federal”.
Señaló que las familias desplazadas “hemos sobrevivido como Dios nos da a entender, no quisiéramos salir a protestar, tendremos que movilizarnos por la necesidad de nuestras familias, exigimos que este ciclo escolar estén en sus casas y vayan a la escuela en sus pueblos, no es posible otro ciclo fuera de casa”.