*Abel Barrera, director de Tlachinollan, dijo que la pasada administración federal otorgó una concesión a una empresa para explotar 500 mil hectáreas en 3 regiones del estado, pero no sabe su nombre
Carlos Navarrete Romero
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, advirtió que pueblos indígenas se preparan para frenar a una empresa a la que el gobierno federal otorgó una concesión para actividades mineras en 500 mil hectáreas en las regiones Montaña, Centro y Norte de Guerrero.
En entrevista, el activista informó que esa solicitud se realizó hace ocho meses, durante la administración del priista Enrique Peña Nieto, pero hay poca información al respecto, porque incluso desconocen el nombre de la empresa que tiene la concesión.
“Es muy amplia la concesión (que fue solicitada), abarca la región de la Montaña, de la región Norte y parte de la región Centro, y eso preocupa porque ningún pueblo tiene información, apenas estamos investigando pero es para un área muy grande”, señaló.
El defensor de derechos humanos recordó que en la región de la Montaña se han otorgado aproximadamente 30 concesiones a empresas mineras, pero destacó que hasta el momento no se han hecho trabajos de explotación ni de exploración.
Advirtió que esas empresas podrían intentar iniciar trabajos en cualquier momento, pero dijo que los pueblos indígenas están organizados para evitar acciones que atenten contra sus recursos naturales.
Barrera Hernández comentó que los amparos son un mecanismo al que en su momento podrían recurrir los pueblos para frenar a las empresas mineras que están interesadas en explotar la Montaña.
Lamentó que el actual gobierno federal haya anunciado que las concesiones que ya se otorgaron se respetarán, en lugar de que, como ha ocurrido con otros proyectos, se sometan a consulta de la población.
Niños comunitarios exhibe la desesperación de los pueblos
Del video que circuló en redes sociales de niños de Rincón de Chautla, en Chilapa de Álvarez, que se asumieron como integrantes de la Policía Comunitaria, y afirmaron que combatirían a la delincuencia organizada, Abel Barrera comentó que se trató de una acción simbólica para expresar el nivel de hartazgo y de desesperación de los pueblos indígenas ante el abandono gubernamental.
“El hecho de que hayan grabado a niños quiere decir que es una muestra del límite en que se encuentran las comunidades ante la indefensión y de poner a los niños como un último recurso para poder visibilizar un problema que las autoridades no han atendido”, explicó.
Aseguró que lo ocurrido exhibe la magnitud de la violencia que padecen las comunidades y que fue una advertencia de que si no se atiende ese problema cuanto antes, podría costar la vida de los niños “que son los más inocentes en todo esto”.