Por R. Salgado L.
Por disposición constitucional los altos cargos en la impartición y administración de la justicia deben estar reservados para todos aquellos profesionales en el derecho que cumplan con rigor señalamientos muy precisos como: “de gozar de buena reputación, que hayan servido con eficiencia, capacidad, probidad y que se distingan por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad Jurídica”.
Estas exigencias marcadas por la Constitución General de la Republica, son aplicables al marco legal Judicial que debe ser de observancia obligatoria en todas las Entidades del País y que están particularmente dirigidas a todos aquellos que tienen la alta responsabilidad de la aplicación irrestricta del marco legal en la vida de la sociedad.
Estos comentarios vienen a la reflexión, surgidos de la delicada denuncia formulada desde la tribuna del H. Congreso del Estado por un grupo de diputadas y diputados del Movimiento de Regeneración Nacional en torno a 20 nombramientos que debieron haber sido otorgados por el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, a nivel de Jueces de Control y Jueces de Ejecución Penal.
La grave denuncia está enmarcada en delicado enunciado, sobre la existencia de una red de corrupción dentro del Poder Judicial del Estado, haciendo señalamientos en el sentido de que los espacios expresados en las convocatorias del pasado día 8 de enero, fueron posteriormente emitidos en resultados a través de números “extrañamente“ confidenciales.
Lo grave de la denuncia radica particularmente de que, de este cuestionado proceso resultaron favorecidos familiares, amigos y protegidos de diversos servidores públicos del mismo Tribunal, incurriendo irreverentemente en el dañoso fenómeno del nepotismo y del confabulado juego de intereses.
Se aduce igualmente, de que, de los 20 espacios convocados únicamente fueron asignados 13, dejando sin explicación 7, generando lógica sospecha sobre el destino de los cargos que no fueron evidenciados.
Han transcurrido más de tres semanas del surgimiento de esta delicada denuncia y la sociedad se mantiene ante la expectativa de una urgente explicación, sobre todo del Consejo de la Judicatura, que aunque con poca confiabilidad ciudadana, está obligado a dejar clara evidencia sobre el comportamiento de este proceso que despierta múltiples dudas y que genera en la sociedad desconfianza.
Nuestro Sistema Nacional y Democrático, descansa plenamente su soberanía en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En Guerrero, el Ejecutivo del Estado ha mantenido responsable y seria actitud mediante acercamientos frecuentes con sus gobernados, procurando hacerle frente a la dinámica y apremiante demanda de múltiples necesidades de quienes por décadas han vivido en la marginación, dedica con preocupación tiempo suficiente para medir diariamente el termómetro de la violencia e inseguridad , alienta con rigor la obligada coordinación de las fuerzas armadas y policiacas para combatir este grave fenómeno, exige resultados y evalúa periódicamente a sus colaboradores, exhortándolos a rendir cuentas claras a los ciudadanos. Existen evidencias inobjetables de su tenacidad y esfuerzo.
Sin embargo, no puede decirse lo mismo del Poder Legislativo donde el registro cotidiano son los constantes desacuerdos, en donde un buen número de diputados aún no encuentran la razón de su responsabilidad, la insensibilidad de varios diputados y la improvisada conducción de sus decisiones personales que han llevado al caos en diversos momentos a lastimar su propia soberanía.
Urgen acuerdos, pero sobre todo inteligencias que actúen con sensatez, prudencia y una extraordinaria voluntad para actuar pensando en el buen destino del Estado.
El Poder Judicial por su naturaleza y origen, está llamado a una urgente actuación elevadamente honesta, de una incuestionable impartición de Justicia; que sea el área donde radique una autentica y honorable administración, que de confianza y certeza a un pueblo con sed y hambre de Justicia.
El pueblo de Guerrero debe tener la absoluta garantía de que los tres poderes del Estado están velando por su seguridad y bienestar.
Es esencial para fortalecer la vida democrática de los Guerrerenses, la sabia armonía y honesta coordinación de los tres Poderes del Estado.
Que el rigor de la historia los pueda juzgar positivamente y logre registrar con solemnidad en una de sus páginas: “cumplieron eficaz y responsablemente con el momento que les exigía el pueblo de Guerrero”.