* El secretario de Finanzas informó que aún no se pueden aplicar esos recursos hasta que el Congreso de la Unión concluya las reformas a la reforma educativa de 2012
Rosario García
El gobierno federal asignó 204 millones de pesos para destinarlos a un programa de jubilación de trabajadores del sector educativo, lo que permitiría incorporar al 50 por ciento de los 5 mil 700 empleados cuyas plazas no están reconocidas en el FONE, pero el proceso dará inicio hasta que concluya el proceso de derogación de la Reforma Educativa.
Así lo informó el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, quien informó que además el gobierno federal reembolsó los 190 millones de pesos que el gobierno del estado utilizó para el pago de 5 quincenas de los trabajadores fuera del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa.
El funcionario explicó que el gobernador Héctor Astudillo continuó con las negociaciones ante el Ejecutivo federal y logró que se asignara a Guerrero recursos por el orden de los 204 millones más para el programa de jubilación.
Pérez Calvo dijo que ese recurso permitiría incorporar a la mitad de los 5 mil 700 trabajadores cuyas plazas actualmente están fuera de FONE y reducir los conflictos que actualmente se viven por esa causa en Guerrero.
Sin embargo, señaló aún no se puede incorporar ninguna plaza al FONE hasta que el Congreso de la Unión concluya el proceso de abrogación de la Reforma Educativa, acción que exigen los afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“Nos detiene la derogación de la Reforma Educativa, puesto que la Ley en vigor nos dificulta emitir convocatorias porque estarían en función de esa Ley y cuando ésta cambie tendríamos hacer ajustes”, dijo Pérez Calvo, quien confió en que no pase mucho tiempo ahora que se defina qué va a pasar con la normativa en materia de educación.
“Eso nos permitirá incorporar a los compañeros y cómo lo ha propuesto el gobierno federal, se puedan incorporar de una vez y para siempre a todos, eso sería lo más conveniente para las dos partes; para el gobierno estatal que no tiene los recursos presupuestales para atenderlos, y para el gobierno federal que podría destinar a través de su presupuesto de egresos de la federación los recursos necesarios suficientes para coberturarlos”, concluyó.