* Ayer, 73 familias abandonaron el auditorio municipal de Chichihualco, donde estuvieron refugiados desde noviembre del año pasado, cuando hombres armados irrumpieron en los pueblos de la Sierra
Jesús Saavedra
CHICHIHUALCO.— Las 73 familias que vivían en el auditorio municipal, habilitado como refugio temporal desde el 11 de noviembre pasado, entregaron esas instalaciones a las autoridades porque ahora rentarán viviendas, mientras esperan que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cumpla su promesa de que en un plazo máximo de 3 meses habrán condiciones para que puedan regresar a sus hogares.
Este lunes, esas familias desplazadas entregaron las instalaciones que ocuparon durante 5 meses al presidente municipal, Ismael Cástulo Guzmán, luego que llegaron a un acuerdo con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para que el gobierno federal les entregue 3 mil pesos mensuales para que cada familia rente una vivienda y 4 mil pesos mensuales en víveres.
A ese albergue temporal llegaron a refugiarse más de un centenar de familias desplazadas por la irrupción de unos dos mil hombres armados de la policía comunitaria de Tlacotepec, pero hasta este lunes quedaban 73 familias que vivían en el auditorio municipal, de acuerdo con el censo que elaboró el gobierno federal a través de la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación.
Informaron que el resto de familias desplazadas decidieron irse a vivir en definitiva a otras regiones de la entidad, a Morelos, la Ciudad de México y en algunos casos a los Estados Unidos.
Uno de los dirigentes de las familias desplazadas, Crescencio Pacheco González explicó que se llegaron a esos acuerdos con el gobierno federal luego de estar durante 39 días en plantón frente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para solicitar una audiencia con el presidente López Obrador quien nunca los atendió, aunque establecieron acuerdos con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, y que “uno de ellos es el apoyo con 3 mil pesos mensuales para la renta de una casa aquí en Chichihualco y 4 mil pesos en víveres”.
Agradecieron al alcalde y al cabildo de Chichihualco que desde noviembre “nos tendieron la mano y nos recibieron con los brazos abiertos cuando nos desplazaron de nuestras comunidades como es Filo de Caballos, Campo de Aviación, Los Morros, La Escalera, Carrizal, agradecemos a la comunidad por rentarnos sus viviendas antes de regresar a nuestros hogares porque hay un compromiso de que el gobierno federal va crear las condiciones de seguridad para que en un plazo de 3 meses podamos regresar a nuestros hogares”, añadió.
El director del Centro de Derechos Humanos ‘José María Morelos’, Manuel Olivares Hernández, aseveró que el gobierno de Chichihualco “es el único que ha cumplido con su obligación de garantizar los derechos humanos de los desplazados y atendió con comida, cobijo y un lugar donde vivir de manera temporal”.
Afirmó que el problema del desplazamiento forzado de esas familias de una docena de comunidades de Leonardo Bravo “no concluye con la entrega de este albergue temporal, porque sigue vigente en este y otros municipios, quienes estaban refugiados pudieron tener derecho a una vivienda gracias a una lucha de 39 días en la Ciudad de México y hoy pueden tener condiciones de espera dignas mientras regresan a sus comunidades, tendrán una vivienda donde puedan vivir, habrá apoyo para una despensa mensual, habrá atención de salud, atención a la educación, que fue de los compromisos que hicieron Alejandro Encinas”.
Reveló que el gobierno estatal daba un apoyo económico para la alimentación de la gente, “pero hoy han manifestado que como la gente se va ir a viviendas, ese apoyo se dejará de otorgar, cuando el problema no está solucionado, por lo tanto estas familias merecen ese derecho, porque no van a retornar a sus comunidades, la gente sigue desplazada, desde aquí le pedimos al gobernador que nos urge una audiencia para tratar ese punto y otros más que beneficiarían a esas familias, es una audiencia que hemos solicitado desde el 15 de noviembre y que a la fecha no nos ha sido concedida”.
El activista dijo que las familias desplazadas “se reservan el derecho de realizar las acciones políticas que consideren pertinentes, no están dispuestas a esperar más de 3 meses para regresar a sus comunidades y se reservan el derecho de realizar acciones para que el gobierno federal cree las condiciones de seguridad necesarias para poder regresar a sus comunidades”.
Agregó que otro de los acuerdos con el gobierno federal “no se ha cumplido y es el principal acuerdo que es el de establecer tres puestos o filtros de seguridad en La Quebradora, en la salida hacia Carrizal de Bravos y en la salida hacia El Naranjo, es algo que no se ha cumplido, que sigue pendiente y que hace que las familias esté en constante zozobra, en constante preocupación y con miedo ante la amenaza de grupos delincuenciales que han dicho que van a tomar Chichihualco y que podrían llegar a Chilpancingo, por eso instamos al gobierno federal que cumplan con ese compromiso, que vengan y ubiquen los puntos de esos tres filtros de seguridad”.
Aseveró que la persistencia de esas familias hizo posible visibilizar el problema del desplazamiento, “por eso logramos que el Congreso federal hiciera reformas para que sea tipificado como delito y se pueda crear una ley desplazamiento, la lucha sigue no se ha terminado”.
El alcalde Cástulo Guzmán intervino para decir que era de su “competencia velar por los intereses de nuestro municipio, ahora les pasó a ustedes, esperemos que no les pase a otros, estaremos atentos a lo que les suceda, hoy lograron una renta, ya basta queremos que se haga regir la ley y vivir libres, no ser maltratados, no ser hostigados, ser libres de verdad, seguiremos luchando y buscaremos la audiencia con el gobernador para que los atienda, nos toca luchar por todos los habitantes del municipio y daremos la cara por quien nos la pida”, finalizó.