POR: R. SALGADO L.
Resulta incongruente la medida anunciada por el Senado de la Republica, de que está por iniciar una serie de foros de discusión en torno a la nueva Reforma Educativa, para conocer opiniones y propuestas sobre el tema de diversos organismos especializados, de instituciones, de maestros y de la sociedad en general.
Es incongruente, porque habiendo sido aprobado el dictamen por las comisiones unidas del H. Congreso de la Unión, se da marcha atrás, se congela temporalmente y se anuncian foros para hacer eco a la violenta presión de un sector magisterial que se rehúsa a aceptarla. El proceso de consulta debió hacerse al principio, no ahora.
La Reforma Educativa del Presidente Peña Nieto fracasó porque se inició tardíamente, sin consultas suficientes y oportunas, sin metodología, sin información, ni capacitación al magisterio y con un sentido impositivo y acelerado apresuramiento.
Toda reforma, particularmente la Educativa, tiene una profunda repercusión en el desarrollo del país, y debe atenderse con significativo interés, iniciando no con pronunciamientos demagógicos de liquidar una Reforma de manera total y “sin dejarle una sola coma”, sino por el contrario, sopesar contenidos de aprendizaje, planes y programas, metodologías y procedimientos didácticos, pero, sobre todo, escuchar aportaciones de expertos, investigadores, de padres de familia y de maestros destacados como conocedores experimentados de vivencias valiosas recogidas en el contacto permanente con los niños y jóvenes en las aulas escolares.
Si de incongruencias hablamos, el asunto que despierta mayor ambición e interés desmedido, lo es el control político-sindical sobre la asignación y empoderamiento de plazas en el magisterio.
Ha trascendido que las recientes y airadas protestas de un sector del magisterio, han obedecido a dos cuestiones que resultan cuestionables: lo referente a la Evaluación y a la obcecada idea sobre la asignación de plazas.
La Evaluación, que es parte sustancial del “Hecho Educativo”, no debe ameritar mayor discusión, sobre todo cuando está exclusivamente enfocada a mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje (como lo describíamos en la colaboración del pasado jueves).
La asignación de plazas es resultado de la incongruencia institucional y resulta sorprendente el desplante que se difundido recientemente en los medios de comunicación, donde la maestra Elba Esther Gordillo anuncia que el órgano sindical debe tener participación definitiva en la asignación de plazas.
Es sorprendente, porque considerábamos que esta perversa práctica, que generó mucha corrupción en el pasado, estaba plenamente superada.
Nadie discute que la esencia del sindicalismo debe descansar en la acción sustantiva y firme en la defensa de los intereses de sus agremiados, además de combatir las arbitrariedades del patrón en la violación a los legítimos derechos de los trabajadores.
En contraparte, el área oficial, la que contrata, la que evalúa, la que planea, la que registra demandas y necesidades, y la única responsable de medir avances y retrocesos en la aplicación del proceso de la enseñanza y el aprendizaje, al final es a quien debe enjuiciarse para valorar aciertos y errores.
En consecuencia, nunca en la historia se ha juzgado a un sindicato de las desgracias o fracasos, y en el terreno educativo el juicio severo e implacable de la historia recae directamente en el área responsable: la Secretaría de Educación Pública.
Siempre será saludable el respeto a las exclusivas tareas que tiene asignada cada instancia, la invasión o excesos inapropiados resultarán contraproducentes y serán siempre espacios de conflictividad permanente estériles e innecesarios y causantes de mucho daño a la educación.
La oprobiosa ambición y la exagerada actitud del sindicato por hacerse del poder oficial, invadiendo los espacios institucionales de la SEP, dieron lugar a una lamentable descomposición sindical y administrativa, frenando el avance educativo.
En el momento en que el Profr. Carlos Jonguitud Barrios emprendió afanosamente el caprichoso camino para controlar las áreas oficiales, se cayó en un profundo desorden y en una cauda de arbitrariedades, cuyas consecuencias aún seguimos padeciendo y que han resultado difíciles de superar.
La asignación de plazas debe ser de la incumbencia y responsabilidad directa de la Secretaría de Educación Pública y de un riguroso y estricto compromiso para velar por la exigencia de observar un desempeño ordenado, justo, honesto y eficiente en la distribución y aplicación de estos recursos.