* Decenas de organizaciones civiles y colectivos solicitan a Michelle Bachelet, comisionada de la ONU para los derechos humanos, reforzar el escrutinio internacional a las autoridades mexicanas
JESÚS SAAVEDRA
Decenas de colectivos y organizaciones de la sociedad civil, enviaron este domingo una carta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para denunciar la grave crisis en materia de derechos humanos que se registra en México, y solicitarle que se refuerce el escrutinio internacional a las autoridades mexicana.
La expresidenta de Chile y actual Alta Comisionada de la ONU en Derechos Humanos, realiza una visita oficial a México desde el pasado viernes y concluirá su visita el martes próximo cuando ofrezca una conferencia de prensa en la Ciudad de México sobre sus actividades en nuestro país.
Este domingo y en el marco de su visita, unas 300 organizaciones, colectivos y de la sociedad civil enviaron una carta donde sostienen que México “vive una crisis en materia de derechos humanos; todos los derechos humanos en México necesitan una atención prioritaria”.
De Guerrero firmaron la carta organizaciones como Tlachinollan, Familiares de Desaparecidos, Colectivos de Mujeres y derechos humanos, donde exponen que las “altas tasas de violencia que vive el país y la falta de una respuesta adecuada, proporcional, coordinada y basada en derechos humanos, nos preocupan sobremanera”.
Señalan que la violencia desmedida “se ve reflejada en un alto número de feminicidios y homicidios registrado en el país, las más de 40,000 personas desaparecidas —número sigue en ascenso—, las torturas y malos tratos, las indignas condiciones penitenciarias, la prisión preventiva oficiosa, los ataques y asesinatos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, las violencias de toda índole hacia niñas y mujeres, la presencia de la delincuencia organizada en el territorio nacional pero también la letalidad de algunas instituciones de seguridad así como el involucramiento directo funcionarios de los tres niveles de gobierno en la perpetuación de la violencia; esas y otras facetas, hacen que la violencia sea desmesurada y descontrolada”.
Afirmaron que en el país son vulnerables “los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales: la falta de calidad y acceso a la educación; la precarización de los derechos laborales y sindicales; los servicios de salud sin gratuidad, medicamentos o personal suficiente y profesional para garantizar una amplia cobertura; la pésima calidad del agua a partir de la contaminación de la hidrografía mexicana; la tala ilegal, la presencia de proyectos de desarrollo que dividen comunidades y afectan seriamente territorios y el medio ambiente; y la carencia de una vivienda que respete los estándares internacionales, son algunos de los temas de preocupación actuales”.
Indicaron que esas violaciones a los derechos humanos “tienen un mayor impacto en sectores históricamente discriminados: niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; indígenas y campesinos/as; mujeres; personas adultas mayores; personas en contextos de movilidad interna e internacional; y personas integrantes de la comunidad LGBTTTI”.
Reprochan que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de las 32 entidades federativas “tienen una concepción paternalista y clientelar, y se encuentran en proceso de recortes presupuestales injustificados y sin diagnósticos previos en políticas públicas instauradas para niñas y mujeres que necesitan refugios por encontrarse en situaciones de violencia, o el cambio de visión sobre estancias infantiles o los recortes de programas relacionados con personas con discapacidad”.
Puntualizan que ahora existe una “visión de seguridad militarizada” a partir de una reforma a la Constitución para la conformación de una Guardia Nacional, integrada en su mayoría por elementos militares y navales.
Todas esas situaciones, advierten, les “hacen temer que durante el sexenio de la administración federal actual (de López Obrador) se vaya a avanzar decididamente en materia de derechos humanos”.
Además critican que en México por los delitos cometidos hay un 98 por ciento de impunidad, “la colusión e incapacidad de las instituciones se ve reflejada en la saturación de servicios forenses que tienen miles de personas asesinadas sin ser identificadas y sin lograr cruces de identificación eficaces; en la falta de coordinación entre autoridades, en la falta de sensibilidad y debida diligencia de las Fiscalías; en servicios periciales carentes de autonomía; y, salvo excepciones, en un poder Judicial más enfocado en la formalidad de sus actuaciones que en abordar las causas estructurales que siguen generando violaciones masivas de derechos humanos en el país”.
Al final de la misiva, recuerdan a Michelle Bachelet que el 7 de octubre de 2015, su antecesor “emitió una declaración al finalizar su visita a México. También presentó 14 recomendaciones, las cuales mantienen una indiscutible vigencia”.
Le piden que tras concluir su visita oficial a México, “usted reafirme su apoyo tanto a su Oficina de país como al Estado mexicano (instituciones, organizaciones y personas) para el cumplimiento de esas recomendaciones y las demás emitidas por distintas instancias de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano”.
Le expresan finalmente que “tendrá todo el apoyo y agradecimiento por su interés y acompañamiento, porque tenemos el convencimiento que el dolor, la desolación, la discriminación, la violencia y la impunidad en nuestro país deben terminar”.