Jesús Saavedra
El Senado de la República aprobó un punto de acuerdo en donde recomiendan al Congreso del Estado de Guerrero que revise el marco normativo relativo a la prevención y atención al desplazamiento de personas interno en la entidad, a efecto de armonizar las leyes relativas en la materia.
Este jueves la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal del Senado subió al pleno un dictamen firmado por los senadores Alejandro García Sepúlveda, Eugenia Galaz Caletti, Joel Padilla Peña, Jesús Encinas Meneses, Andrea Cruz Blackledge, Alejandra Reynoso Sánchez, en el cual dos no firmaron el dictamen.
En el dictamen los senadores explicaron que de acuerdo a la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “los desplazados internos son las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar, o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado de los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.
Sostuvieron que el desplazamiento forzado interno en México “ha ido en aumento en los últimos años a causa de la violencia suscitada con motivo del combate del Estado Mexicano al crimen organizado”.
Indican que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) informó de cifras de personas desplazadas de manera forzada por la violencia y que encabeza el estado de Chiapas con 6 mil 90 personas desplazadas en 3 eventos o hechos de violencia.
Le sigue Guerrero con 5 mil 948 personas desplazadas por 7 eventos; Sinaloa con 2 mil 967 personas desplazadas en 5 eventos; Oaxaca con 2 mil 700 personas en 3 eventos; Michoacán con mil 350 personas en 2 eventos; Chihuahua con 693 personas; Durango con 365 personas; Zacatecas con 230 personas y Coahuila con 47 personas.
Informaron que según la CMDPDH, “el 76 por ciento” de los desplazamientos internos en esos estados “se genera por conflictos por armas de fuego; 60 por ciento por amenazas e intimidación; un 56 por ciento por ataques a cultivos o negocios y un 16 por ciento por reclutamiento forzado”.
En el dictamen establecen que la Comisión observa “que el mayor número de eventos suscitados con motivo de desplazamientos forzados se efectuaron en el estado de Guerrero y en razón de las personas desplazadas, la entidad se ubica en el segundo lugar de la lista#.
Advierten que para “poder combatir y erradicar estas prácticas, el Estado Mexicano debe reconocer el desplazamiento interno como una violación continua de múltiples derechos humanos, y así proveer seguridad y estabilidad a todas las víctimas, contribuyendo a la garantía y la restitución de los derechos violados a las personas que han tenido que huir de su hogar de manera obligada”.
Por ello los senadores aprobaron recomendar al Congreso del Estado de Guerrero a que “en el ámbito de sus competencias, revise el marco normativo relativo a prevenir y atender el desplazamiento interno en el Estado de Guerrero, a efecto de armonizar las leyes relativas a la materia”.
Además, recomendaron al gobernador Héctor Astudillo Flores que en el ámbito de sus competencias, “aplique los protocolos en la materia que atiendan a las víctimas y prevengan el desplazamiento forzado interno”.
Además le piden “que remita a esta soberanía un informe
detallado del presupuesto ejercido por el Fondo Estatal de Contingencia desde su creación, hasta noviembre de 2018, así como para que proporcione los datos estadísticos, contextuales y no personales del Registro Estatal de Desplazados”.
También los senadores aprobaron hacer un llamado al gobernador del estado, “a mantener un trato digno y de respeto a los derechos humanos de las personas en situación de desplazamiento forzado de acuerdo con nuestra Carta Magna, así como a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y la integridad de las y los reporteros que cubren el tema de desplazamiento interno forzado en Guerrero”.
En el debate del punto de acuerdo, la senadora por Guerrero, Nestora Salgado García, dijo que se trata de un fenómeno creciente y sistemático que “genera diversas violaciones a los derechos humanos de personas y comunidades, ya sea como consecuencia de desastres o fenómenos naturales, la imposición de proyectos de desarrollo, la actividad de la delincuencia organizada, la resistencia a quienes luchan por la defensa de los derechos humanos, la actividad periodística, la libertad de expresión, o bien, como consecuencia del acoso directo o la omisión de las propias autoridades”.
Dijo que ese fenómeno social “ha generado una evasión de responsabilidades de las autoridades administrativas y judiciales en todos los niveles de gobierno, por lo tanto, existe una escasa o nula política pública que busque por lo menos reconocer y a atender al desplazamiento interno forzado en nuestro país”.