Carlos Navarrete
El pleno del Congreso del Estado aprobó ayer por unanimidad de votos un exhorto dirigido a la federación y al gobierno del estado, a fin de que informen a los diputados qué se está haciendo para regularizar a los 5 mil 743 trabajadores de la educación en Guerrero cuyas plazas no están dentro del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
La propuesta fue llevada a tribuna por el diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Educación, Ricardo Castillo Peña, quien en su exposición de motivos recordó que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, no se autorizaron recursos para regularizar las plazas de los trabajadores docentes y administrativos que no tienen techo presupuestal.
Recordó que, ante ese escenario, el gobierno del estado cubrió “de manera emergente” los pagos correspondientes a las primeras cinco quincenas del ejercicio fiscal 2019, y que la federación “de manera institucional, loable y responsable” asumió el compromiso de cubrir la segunda quincena de marzo, aunque esto último no ocurrió.
Por ello, propuso un exhorto dirigido al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa; al de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma; y al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que informen al Congreso qué acuerdos y mecanismos se instrumentarán para regularizar a los más de 5 mil 700 trabajadores fuera del FONE.
Castillo Peña afirmó que al regularizarlos, se reconocerán los derechos laborales de los trabajadores, por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a fin de garantizar su antigüedad, prestaciones y beneficios sociales que otorga esa institución.
La propuesta logró el consenso de los grupos parlamentarios del PRI y PRD, así como de las representaciones del PVEM, PAN, PT y Movimiento Ciudadano, por lo que se resolvió como un asunto de urgente y obvia resolución y fue votada a favor por unanimidad.
En febrero y marzo integrantes de la CETEG se movilizaron en Chilpancingo y Acapulco para exigir que se resolviera la situación de los casi seis mil trabajadores docentes y administrativos que están fuera del FONE, pues no existía la certeza de que les pagarían la primera quincena de marzo, lo que hasta el momento ha absorbido el gobierno estatal.