Alondra García / Redacción
A pesar de que no lograron que el presidente Andrés Manuel López Obrador los recibiera en audiencia, más de 300 personas desplazadas por la violencia en Guerrero que estaban en plantón afuera de Palacio Nacional regresaron ayer a Guerrero con el compromiso de que el gobierno federal les brindará seguridad y recibirán una pensión alimenticia de 5 mil pesos mensuales mientras no pueden retornar a sus hogares.
Teodomira Rosales, integrante del Centro Regional de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explicó que todos los desplazados, tanto los del municipio de Leonardo Bravo como los de Tlaltempanapa, Zitlala, regresarán temporalmente a Chichihualco, donde se habían refugiado en un principio.
Sin embargo, dijo que no regresarán a las casas de campaña que también habían instalado en Chichihualco, sino que el gobierno federal le pagará la renta de una vivienda a cada familia.
Ahí estarán tres meses, en lo que el gobierno federal establece una estrategia de seguridad más amplia con la que se repliegue a los grupos de civiles armados que se autodenominan policías comunitarios de Heliodoro Castillo que irrumpieron en sus comunidades en noviembre pasado, para que las personas desplazadas puedan regresan finalmente a sus casas.
Por su parte, Manuel Olivares Hernández, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón informó que finalmente llegaron a acuerdos satisfactorios con el gobierno federal y por ello levantaron el campamento.
“Conseguimos el miércoles una minuta que dio respuesta, cuando menos en el papel, a las peticiones que llevábamos”, comentó en conferencia de prensa.
Indicó que el gobierno federal prometió la instalación de filtros de seguridad del Ejército y la Policía Federal en tres puntos estratégicos: El Naranjo, El Carrizal y La Quebradora.
También acordaron la entrega de “apoyos empergentes” a los desplazados a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Para adquirir la “calidad de víctima”, presentarán a la CEAV las denuncias que iniciaron ante el Ministerio Público por el saqueo de sus viviendas a manos del grupo criminal que mantiene el control de sus comunidades.
Olivares Hernández indicó que sólo 72 familias levantaron denuncias.
Por ello, dijo que solicitarán al fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, que envíe ministerios públicos a Chichihualco para que tomen las denuncias de los desplazados que hacen falta.
De esa manera podrán certificar su calidad de víctimas ante la CEAV y recibir el apoyo correspondiente.
El activista confió en que ese proceso pueda resolverse a más tardar en un mes.