* El abogado del Centro ‘Morelos’ criticó la insensibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador al no atenderlos después de estar más de 3 semanas en plantón afuera del Palacio Nacional
JESÚS SAAVEDRA
El gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó una propuesta que le presentaron quienes huyeron por la violencia de sus pueblos de la Sierra de Chichihualco y de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, de que si no despliegan un operativo para garantizarles el regreso a hogares, les paguen una mensualidad para que puedan pagar renta, comida y acondicionamiento de sus casas de manera temporal.
Los enlaces del gobierno federal respondieron que es un “presupuesto muy elevado y no existen posibilidades de aprobar esa propuesta”, por lo que quienes están en esa situación calificaron como “insensible” a la administración de López Obrador.
Este lunes, unos 400 guerrerenses desplazados por la violencia cumplieron tres semanas en plantón afuera del Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para pedir que el presidente les conceda una audiencia para explicarle su situación, lo que no ha ocurrido hasta el momento.
El director del Centro ‘Morelos’ de Chilapa, Manuel Olivares Hernández, lamentó que hasta el momento no haya sido posible tener un diálogo directo con el presidente López Obrador, y reveló que la Secretaría de Gobernación designó como enlaces para atender a los desplazados a Neftalí Granados y Félix Santana, con quienes han dialogado, pero no han llegado a ningún acuerdo concreto.
El activista señaló que sólo el secretario de Gobierno de Guerrero, Florencio Salazar, se comprometía a conseguir autobuses para que los desplazados regresen al estado, además de pagar la renta de un hotel donde estén de manera provisional hasta que haya condiciones de seguridad para que regresen a sus hogares.
Olivares Hernández informó que el lunes de la semana pasada entregaron una propuesta de plan de atención al gobierno federal, “que debemos decirlo, lamentablemente no ha elaborado un plan de atención o de emergencia, menos un plan para generar condiciones de seguridad para el retorno de las familias desplazadas”.
Aseguró que los desplazados de Chichihualco piden que se repliegue la policía comunitaria de Tlacotepec, que se establezca un corredor de seguridad en la carretera Chilpancingo-Acapulco, que el Ejército se haga cargo de la seguridad en ese corredor y que se les indemnice por los daños que hayan provocado en sus viviendas.
En el caso de quienes huyeron de Tlaltempanapa, reiteró que su demanda es que sean reubicados definitivamente en Copalillo, donde se encuentran refugiados desde noviembre pasado.
Olivares Hernández criticó la falta de disposición del gobierno federal para atenderlos y escuchar sus demandas, criticó que haya “prácticas antiguas que tienen los otros gobiernos federales, que es el de bajar al mínimo los costos de solución de un conflicto”.
El abogado señaló que ante la falta de condiciones para que desplazados regresen a sus hogares, le propusieron al gobierno federal “que haya condiciones de vida digna y ser reubicados, y se le apoye con 5 mil pesos de pago de renta, 5 mil para despensa alimenticia, y un apoyo para acondicionar una vivienda con camas, estufa, refrigerador y que cubran esos gastos”.
Reveló que la respuesta de los funcionarios de la Segob fue que se trata de un planteamiento “que tiene un presupuesto muy elevado y no existen posibilidades de aprobar esa propuesta”.
Olivares Hernández dijo que entonces exigieron al gobierno federal que “cuanto antes apliquen una estrategia de desarme y repliegue del grupo armado en la Sierra y las familias desplazadas decidieron mantener el planteamiento y hacer un llamado a las familias desplazadas que se incorporen al plantón, porque hay muchas más que no están incorporadas”.
Aseguró que después de varias semanas de permanecer afuera de Palacio Nacional, “las condiciones en el plantón son deplorables” para los desplazados, y señaló que “don Francisco tuvo una trombosis desde el miércoles por la noche y está internado en un hospital, una mujer ya dio a luz y hay varios menores enfermos”.
Indicó que para sobrevivir pidieron apoyo a sindicatos y organizaciones sociales de la capital del país, y que el sábado y domingo decidieron tomar la caseta de peaje de Tlalpan de la Autopista México-Cuernavaca “para resolver el problema de la alimentación; un garrafón cuesta 70 pesos, los baños son rentados y se tiene que pagar a diario, no hay donde bañarse, es muy difícil la vida ahí en el plantón”, explicó.
Finalmente el activista lamentó la actitud de “este gobierno, que consideraban era diferente y tendría sensibilidad, no lo demuestra y no recibe a una comisión para dialogar, no esperábamos estar más de 3 días y no hay sensibilidad para atender esta problemática de un tema que es complejo y que se vive en todo el país”.