* Esmeralda Arosemena, presidenta del organismo, destaca que debe haber ‘una nueva narrativa’, una investigación que permita saber lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre
CIUDAD DE MÉXICO.— La investigación por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, en septiembre de 2014, inició este lunes una nueva etapa con la puesta en marcha de un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acompañará los trabajos de la Comisión de la Verdad lanzada en enero por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Este grupo de la CIDH es el segundo que se crea en los últimos años para ayudar en las indagatorias por la desaparición de los normalistas. El primero realizó una investigación entre 2015 y 2016 y concluyó sus labores tras presentar un reporte en el que rechazó las conclusiones de la Procuraduría General de la República de que los jóvenes habrían sido quemados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al cauce del río San Juan.
La presidenta actual de la CIDH, Esmeralda Arosamena, dijo que el nuevo equipo de la comisión estará integrado por dos personas fijas que contarán con colaboraciones temporales de algunos de los integrantes del primer grupo o de otros expertos que se requieran.
La representante del organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) participó ayer en la Entrega de Resultados del Mecanismo Especial de Seguimiento para el Asunto Ayotzinapa, y Presentación de la Nueva Etapa de Monitoreo sobre la Investigación, que se realizó en el Museo Memoria y Tolerancia.
“La Comisión tiene claro que es importante que se deje atrás la llamada verdad histórica, que ya el Tribunal Colegiado de Tamaulipas, el GIEI México y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos ya han cuestionado. Tiene que darse una nueva narrativa, como un punto de partida, la verdad histórica, la mal llamada verdad histórica está descartada”, afirmó la representante de la CIDH.
Para la presidenta de la Comisión, ahora se abre “una oportunidad única para romper con la impunidad”. En esta nueva etapa de asistencia técnica internacional se podrá entrevistar, por ejemplo, a militares, algo vetado durante el gobierno anterior. “Estamos seguros de alcanzar las anheladas respuestas de verdad y justicia”, aseguró.
Entre las prioridades, Arosamena subrayó la importancia de investigar más la telefonía y la balística “porque implica la gran objetividad de los hechos”, avanzar en la investigación de irregularidades cometidas hasta ahora y cambiar de narrativa, ya que la versión oficial “mal llamada verdad histórica, está descartada”.
Por su parte, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, garantizó que tendrán acceso “sin restricciones” a toda la información del llamado caso Ayotzinapa.
Su papel, señaló la representante de la cancillería, Marta Delgado, será asesorar y acompañar al Estado mexicano en cuestiones forenses, la integración de expedientes y en la definición de líneas de investigación, incluidas aquellas que la administración anterior no quiso abordar.
Según explicaron los funcionarios mexicanos, los expertos tendrán acceso a todos los expedientes, harán las visitas sobre el terreno que consideren necesarias, incluidas, si así lo estiman, instalaciones militares, y colaborarán en el diseño de un nuevo mecanismo para incentivar y proteger a potenciales colaboradores que puedan dar información valiosa para saber el destino de los estudiantes, cuyo paradero todavía se desconoce.
El gobierno, por su parte, se encargará de garantizar su seguridad y la inmunidad del equipo de la CIDH y de acatar sus recomendaciones. El nuevo grupo trabajará durante un año. El plazo podría ser prorrogado pero, según dijo Encinas, “esperamos tener resultados en muy corto plazo”.
Las familias de los 43 desaparecidos se encuentran esperanzadas con esta nueva etapa, aunque recordaron a las autoridades que quieren ver resultados pronto. (AP)