*Para eso solicitaron una segunda alerta por violencia de género, por agravio comparado, informó la activista Viridiana Gutiérrez
Carlos Navarrete
Organizaciones feministas de Guerrero solicitaron a la federación que se decrete una segunda alerta por violencia de género en la entidad, ahora por agravio comparado, para que el gobierno del estado garantice que las mujeres embarazadas, producto de una violación, puedan practicarse un aborto en clínicas públicas sin necesidad de la intervención del Ministerio Público.
La solicitud se hizo hoy al mediodía ante el Instituto Nacional de la Mujer, y va firmado por Viridiana Gutiérrez Sotelo, quien coordina el Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres en Guerrero, y también por representantes del Observatorio Nacional del Feminicidio.
En conferencia de prensa, Viridiana Gutiérrez afirmó que en Guerrero las mujeres enfrentan regulaciones restrictivas, obstáculos para el acceso a servicios de salud a fin de que les practicar un aborto seguro, y un contexto de criminalización y estigma.
Actualmente el Código Penal del Estado, en su artículo 159 establece que el aborto no será castigado cuando el embarazo resulte de una violación, siempre y cuando se presente una denuncia ante el Ministerio Público, que a su vez debería emitir una autorización para la interrupción del embarazo de la denunciante.
Sin embargo, la activista denunció que no se da cumplimiento a ese mandato y recordó que a nivel nacional existe la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046), que permite el aborto legal y seguro en mujeres embarazadas víctimas de una violación, o cuando el producto padece malformaciones, pero dijo que esto tampoco se aplica.
Esta norma permite que adolescentes mayores de 12 años puedan decidir la interrupción de su embarazo por esas causas, sin exista una denuncia ante el Ministerio Público, pues considera la violencia sexual como un asunto de emergencia médica que debe ser atendido de manera inmediata y gratuita.
“No se garantiza el acceso oportuno, efectivo y seguro a servicios especializados de salud por falta de personal capacitado, por existencia de requisitos adicionales a los legales y por seguir concibiendo al aborto como un delito que criminaliza a las mujeres, que se agrava por una visión que no las mira como sujetas de derechos sino como personas enfermas e incapaces de tomar decisiones sobre su vida, cuerpo y proyecto de vida”.
Gutiérrez Sotelo dijo que, de acuerdo a información del Tribunal Superior de Justicia, en Guerrero se registraron mil 120 casos por violación sexual de 2009 a 2016, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que de enero de 2017 a agosto de 2018 se registraron 696 casos de violación en la entidad.
Ante este escenario, solicitó formalmente al gobierno federal, a través del Instituto Nacional de la Mujer, que se declare en Guerrero la Alerta por Violencia de Género por Agravio Comparado, a fin de que el gobierno del estado garantice la aplicación de la NOM-046, y que el Congreso legisle para eliminar los candados que enfrentan las mujeres que desean interrumpir su embarazo de forma legal.