Isidro Bautista
En el Poder Legislativo, al igual que en los círculos políticos y académicos, y hasta en los cafés, en donde algunos ilusos pretenden arreglar, a su manera, este mundo revuelto, hay un debate intenso sobre la polémica Guardia Nacional, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para acabar con la violencia y la inseguridad en el país.
La discusión se ha centrado en si la Guardia Nacional debe tener un mando militar o civil y por cuánto tiempo existirá como instrumento del Estado mexicano para combatir la delincuencia, que —hay que reconocerlo— ha alcanzado niveles escalofriantes tanto por el número de muertes que cobra todos los días como por el salvajismo con el que actúan los malosos.
Mientras el debate sube de intensidad, la muerte, que tiene permiso para hacer de las suyas, cada minuto, en algún lugar del país, está presente. Algunos ingenuos pensaron que con la llegada del gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T), como por arte de magia y gracias al embrujo lopezobradorista, los homicidios iban a desaparecer de la faz del territorio azteca… una verdadera tontería.
Guerrero —ya se sabe— es uno de los estados más afectados por la escalofriante espiral de violencia y muerte, pese al papel que ha asumido el gobernador Héctor Astudillo Flores con responsabilidad y determinación, rol que el mismísimo Andrés Manuel López Obrador le reconoció públicamente en su más reciente visita a Guerrero, la semana pasada.
Ojalá ese reconocimiento pasara de las palabras presidenciales a los hechos, de tal modo que la coordinación interinstitucional de los gobiernos concretamente federal y estatal se redoblara para hacer mejor frente a ese flagelo.
Por lo pronto, está previsto reforzar, en días próximos, la acción antidelincuencia desde Chilpancingo, Chilapa, Acapulco y Zihuatanejo, para lo cual seguramente el titular del Ejecutivo guerrerense tuvo que hacer gestiones ante la federación, como lo hizo con el programa del fertilizante.
La presencia de los grupos de la delincuencia organizada en prácticamente todo el territorio guerrerense, impide reducir más la violencia, a pesar del trabajo que se emprende en su contra. Esas bandas han encontrado en algunas “policías comunitarias” y de “autodefensa” las tropas que requieren para desplegar sus actos criminales. Les dan armas y dinero, y los han convertido en sus brazos armados, en sus sicarios disfrazados de defensores de la paz y la seguridad de las localidades donde han surgido.
Los cálculos de quienes saben de estos menesteres de cuántas armas se portan al margen de la ley en Guerrero ponen los pelos de punta. Son miles y miles. Y ya se sabe que no son para jugar a la víbora de la mar. Las armas son para matar.
Por eso la machacona insistencia del gobernador Astudillo de que se vea a Guerrero con mucha atención, como un asunto de seguridad nacional, y de que ya urge, pero de verdad urge, se apruebe la actuación de la Guardia Nacional.
Hombre que es conocido por su mesura y su resistencia a las estridencias porque sabe que son pirotecnia verbal, Astudillo sabe seguramente cuánta pólvora hay regada y cuán larga o corta es la mecha que, una vez encendida, es capaz de causar explosión.
Sabe que si bien a la delincuencia hay que combatirla con la acción de las fuerzas del orden, hay también otros recursos eficaces para frenarla: los programas sociales, la creación de empleos, las obras que procuran el bienestar de las familias.
Y sabe también —no nos cabe duda— las devastadoras consecuencias de no frenar la violencia.
Si las fugas de gasolina en los ductos de los huachicoleros son de consecuencias devastadoras —y ya se vio hace unas semanas en Hidalgo— debe uno imaginarse una explosión provocada por el incontrolable flujo de armas que hay en Guerrero, al igual que en otros estados del país. Las consecuencias serían verdaderamente terribles.
No es aconsejable jugar con fuego. O mejor dicho, hay que impedir que los que juegan con fuego sigan con su macabra tarea. isidro_bautista@hotmail.com