* La jueza Azucena Pineda dijo que por esa razón tampoco hay un responsable administrativo del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes
Carlos Navarrete
El Sistema de Justicia para Adolescentes en Guerrero, responsable de la operatividad del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes –antes Albergue Tutelar de Menores— está funcionando sin presupuesto y sin una autoridad que lo encabece.
Este martes, magistradas y jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado se reunieron con la presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del Estado, Saida Reyes Iruegas, y con la diputada Nilsan Hilario Mendoza, a quienes les expusieron las condiciones en que se encuentra el Sistema.
Entrevistada al concluir el encuentro, Azucena Pineda Guillermo, jueza de control especializada en justicia para adolescentes del Poder Judicial, explicó que en la reunión manifestaron a las diputadas la necesidad de crear una autoridad administrativa que esté al frente del Sistema.
Indicó que esa autoridad estaría a cargo de la vigilancia de las medidas cautelares y de las sanciones definitivas que se apliquen a menores de edad, así como del informe de riesgos procesales, y dijo que podría integrarse con personal del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes que está siendo capacitado para esos efectos.
Recordó que la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, que entró en vigor en 2016, estableció en sus artículos transitorios que en un plazo no mayor a 200 días, los estados debían crear esa autoridad administrativa, pero a la fecha ese mandato no se ha acatado.
“La legislatura anterior no hizo nada y por eso la urgencia de que se voltee a ver hacia el sistema de justicia juvenil en el estado. Nos hace falta mucha estructura, mucho interés por parte de las autoridades en estrategia, en políticas públicas, en presupuesto hacia el sistema de justicia juvenil, principalmente el centro de internamiento donde se encuentran los adolescentes en conflicto con la ley, que han cometido delitos”, argumentó.
Pineda Guillermo mencionó que por la ausencia de esa figura, el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes está operando “con lo que quedó” del Albergue Tutelar, generando también hacinamiento en sus instalaciones, además de que no se le garantizan los derechos fundamentales a los cerca de 60 jóvenes que se encuentran ahí cumpliendo una sanción.
“Están en espacios reducidos, pero más que el hacinamiento, lo preocupante son las condiciones estructurales del centro de internamiento que no tienen los espacios adecuados para desarrollarse y cumplir con la finalidad que establece la ley”, señaló.
Aunado a ello, comentó que el Centro está operando sin presupuesto, por lo que es necesario que el Congreso intervenga para cambiar esa situación.
Para corregir todas esas fallas, dijo que los diputados deben legislar para elaborar una Ley Orgánica para el Sistema de Justicia para Adolescentes, por lo que continuarán las reuniones con los representantes del poder Legislativo local, y buscarán también encuentros con la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado.