* El actual delegado del gobierno federal compró en 2007 dos condominios valuados en más de 2 millones, mientras que la casa con valor de 2 millones se la heredó su papá
Carlos Navarrete
El diputado local con licencia y delegado federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, es propietario de dos departamentos con un valor conjunto superior a los dos millones de pesos, y una casa que le fue heredada valuada en un millón 950 mil pesos.
De acuerdo con su declaración patrimonial disponible en el portal de Declaranet, el funcionario federal posee tres inmuebles. Uno de estos es un departamento de 106 metros cuadrados que adquirió en 2007, valuado en un millón 250 mil pesos.
El otro departamento tiene una dimensión de 91 metros cuadrados y también fue adquirido en 2007, con un valor de 921 mil pesos. Mientras que la casa, herencia de su padre en 2001, tienen una superficie de 400 metros cuadrados y está valuada en un millón 950 mil 160 pesos.
En lo que respecta a vehículos, el delegado federal reportó que posee una camioneta tipo XC90 de la marca Volvo, modelo 2014, que adquirió a crédito en diciembre de ese año por 410 mil pesos. También es propietario de un automóvil Mazda 3, modelo 2010, que compró a crédito en diciembre de 2010 por cien mil pesos.
En 2009, Sandoval Ballesteros adquirió de contado una motocicleta ‘Harley-Davidson’ modelo 2009 por 260 mil pesos.
También reportó ser propietario de joyas y relojes, comprados en 2001 de contado, por 610 mil pesos, y de obras de arte por una suma de 180 mil pesos. De igual forma es dueño de muebles y electrodomésticos adquiridos de contado por 500 mil pesos; y de equipos electrónicos, televisiones, estéreos y computadoras que suman 105 mil pesos.
Sandoval reportó dos tarjetas de crédito y un ingreso mensual de 87 mil 155 pesos por desempeñarse como delegado federal, además negó tener conflicto de intereses.
El miércoles venció el plazo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio a los integrantes de su gabinete para presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de intereses, advirtiendo que quien no cumpliera no podría trabajar en el gobierno federal, esto como parte de su estrategia de combate a la corrupción.